El vicepresidente colombiano, Francisco Santos, defendió hoy ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas la política de desmovilización de paramilitares y su programa de reparación a las víctimas.

«El gobierno de Colombia ha aplicado una exitosa política de encarcelamiento de jefes paramilitares, de incautación de sus bienes y de desmonte de sus estructuras», dijo Santos durante su intervención ante el Consejo de Derechos Humanos, que hoy realizó el Examen Periódico Universal del país andino.

Precisamente, el informe que redactaron las agencias y relatores especiales de Naciones Unidas sobre Colombia destaca que el país debe desmontar las estructuras económicas y políticas de los paramilitares desmovilizados.

Según Santos, el programa voluntario de desmovilización de paramilitares ha funcionado muy bien, tal y como lo demuestran los 17.000 soldados que dejaron las armas.

El vicepresidente hizo hincapié, además, en destacar la desmovilización de los menores soldados, que cifró en 3.712.

Asimismo, Santos recordó que la Ley de Justicia y Paz aprobada por el gobierno de Álvaro Uribe «reconoce los derechos de las víctimas como ninguna otra ley en el mundo», prueba de ello, según el vicepresidente, es el hecho de que 16.800 personas se hayan adherido a ella.

Una opinión que no comparten las entidades civiles y de derechos humanos de Colombia, que en su informe han demandado justicia plena para las víctimas y condenas para los victimarios.

En este sentido, Santos aceptó la implicación de las fuerzas del estado en homicidios de civiles fuera de combate y dijo sentir «vergüenza» por esta situación, por lo que prometió «toda la atención» del ejecutivo para resolver esta situación.

«Pido perdón a las víctimas y prometo que ninguna de estas acciones quedará en la impunidad», afirmó el vicepresidente, quien explicó además todo lo que el gobierno está haciendo para proteger a los sindicalistas, otra de las reivindicaciones de las ONG que alertan del elevado número de representante de los gremios asesinados.

Santos destacó la importancia del narcotráfico que «alimenta -dijo- a los más importantes violadores de los derechos humanos» y recordó que es la primera fuente de financiación de la guerrilla.

En relación a los derechos económicos y sociales, el vicepresidente explicó que en los años de gobierno de Uribe la pobreza ha disminuido del 55,7 por ciento al 41,5% y la pobreza extrema del 21,6% al 12%.

Asimismo, se comprometió a que el 100 por cien de la población esté alfabetizada antes del 2010.

Finalmente, Santos destacó entre los desafíos del gobierno el tener «una relación más constructiva con las entidades de derechos humanos» a quien les pidió «menos generalidades» en sus análisis.

El Consejo de Derechos Humanos deberá analizar el informe entregado por los relatores y agencias de la ONU, el redactado por el Gobierno colombiano y un tercero elaborado por las organizaciones de la sociedad civil, y emitirá unas conclusiones que darán a conocer el próximo 15 de diciembre.