La Procuraduría General de la Nación solicitó a la Corte Constitucional declarar infundadas las objeciones presidenciales al proyecto de Ley que modifica la Ley 30 de 1971 sobre el recaudo y distribución del impuesto al consumo de cigarrillos por considerar que su texto normativo se ajusta a los postulados de la Constitución Política.
Como se recordará desde 1971 el Estado estableció entre las fuentes de financiación para el deporte un impuesto del 10% sobre el valor de cada una de las cajetillas de cigarrillos nacionales que se expendan al público en el territorio nacional, valor que se distribuye entre las juntas administradoras de deportes territoriales y Coldeportes.
La norma sobre la que conceptuó la Procuraduría cambia las juntas deportivas por los institutos deportivos territoriales, mantiene el control y vigilancia de la inversión del producto del gravamen en cabeza de Coldeportes y se presenta dentro del estudio a las objeciones presidenciales presentadas por el gobierno quien manifestó que la modificación vulnera los principios de descentralización administrativa y autonomía de las entidades territoriales de administrar sus propios recursos de conformidad con la Constitución de 1991.
Precisó el concepto del Ministerio Público que “la disposición objetada implica la existencia de un doble control y vigilancia (Coldeportes – Contraloría) sobre la actividad de los Institutos deportivos territoriales en cumplimiento de su función de distribuir el 30% del recaudo del impuesto al consumo de cigarrillo en los municipios de su jurisdicción para la realización de proyectos y programas deportivos, lo cual procura optimizar la inversión de tales recursos, garantizando la eficacia administrativa en su gestión, para el adecuado desarrollo del deporte en el país, medios y fines que no comprometen el grado de autodeterminación que el propio Constituyente le otorgó a las entidades territoriales para que participen, planeen, programen, dirijan, organicen, coordinen y controlen su accionar, en aras del cumplimiento de los fines del Estado.”
