El Consejo de Estado determinó que el Ministerio de Defensa deberá pagar más de $138 millones por la muerte de Luís Enrique Higuita Guzmán, causada por miembros del Ejército en un operativo efectuado el primero de mayo de 1995.

El alto tribunal ordenó cancelar “en favor de Francisco de Paula Higuita Higuita y Justiniana Guzmán Arias, la suma de 100 salarios mínimos mensuales vigentes y para Margarita Higuita, Aura Rosa Higuita Guzmán, Luz Lérida Higuita Guzmán y Saúl José Higuita Guzmán, la suma de 50 salarios mínimos mensuales vigentes”.

Los hechos se presentaron el primero de mayo de 1995 aproximadamente a las 10:00 de la mañana, cuando Luís Enrique Higuita Guzmán se encontraba en el sitio denominado “Subestación Caucheras” de Mutatá, Antioquia, cuando fue retenido por miembros del Batallón de Infantería “Voltígeros” del Ejército Nacional y, horas mas tarde, fue encontrado su cadáver.

Dentro de las consideraciones de la Sala Disciplinaria del Consejo de Estado apareció el acta de levantamiento del cuerpo sin vida de Luís Enrique Higuita, “destrucción masiva de mansa encefálica y anemia aguda, resultante de heridas múltiples por armas de fuego”.

Igualmente, el alto tribunal afirmó que la muerte Luís Enrique Higuita Guzmán, causó daños a Francisco de Paula Higuita, Justiniana Guzmán, Margarita Higuita, Aura Rosa Higuita Guzmán, Luz Lérida Higuita Guzmán y Raúl José Higuita Guzmán, quienes demostraron ser sus padres, abuela paterna y hermanos.

La corporación jurídica demostró el parentesco en el primer y segundo grados de consanguinidad entre la víctima y los demandantes, unida a las reglas de la experiencia, permite inferir el dolor moral que éstos sufrieron con su muerte y por ello decidió que la Nación pagara dicha sanción a la familia.