Luego de que el Gobierno Nacional expidiera un decreto que permite la extensión por 30 días más del Estado de Conmoción en todo el País, la Procuraduría le pidió a la Corte Constitucional echar abajo la medida, ya que según el ente de control, no había causas sobrevinientes que justificaran dicha medida.

Los argumentos del Gobierno Nacional radican en que luego del paro judicial que afectaron y congestionaron los juzgados colombianos, aun no se ha podido superar el congestionamiento de procesos, fruto del cese laboral de cerca de 40 mil trabajadores de la rama de la justicia.

«La razón del Estado de Conmoción Interior fue el referido cese de actividades, y al no existir la anormalidad aludida las decisiones expedidas pierden su eficacia», dice la Procuraduría, lo abre la posibilidad de que la Corte examine y discuta la prolongación del Estado.

Según el Ministerio Público, las circunstancias que la Casa de Nariño argumentó como fundamentos para decretar el estado de excepción desaparecieron cuando se levantó el paro, el 16 de octubre, «con una serie de acuerdos salariales y con el compromiso de los servidores públicos de reponer el tiempo que no laboraron por estar en huelga».

Si la Corte acepta la tesis, terminaría la vigencia de varias normas de descongestión dictadas por el Gobierno.