–La Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, con sede en Costa Rica, ordenó a Colombia investigar el asesinato del defensor de los derechos humanos Jesús María Valle Jaramillo, ocurrido el 27 de febrero de 1998 en su oficina en Medellín, informó este domingo el alto tribunal.

En su sentencia publicada en su página de internet, la Corte señala que «el Estado debe investigar los hechos que generaron las violaciones del presente caso» y castigar a los culpables.

«El Estado debe remover todos los obstáculos (…) que impidan la debida investigación de los hechos, y utilizar todos los medios disponibles para hacer expedita dicha investigación y los procedimientos respectivos, a fin de evitar la repetición de hechos tan graves como los presentes», indica la sentencia.

Los jueces señalaron que la Corte aceptó el reconocimiento de responsabilidad internacional hecho por el Estado colombiano durante el proceso acerca de las violaciones a la vida, libertad personal e integridad personal en perjuicio de Valle Jaramillo, muerto de dos tiros en la cabeza.

Además, aceptaron el reconocimiento parcial de responsabilidad internacional del Estado sobre violaciones a los derechos de garantías y protección judicial de María Nelly Valle Jaramillo y Carlos Fernando Jaramillo Correa, quienes fueron tomados como rehenes durante el ataque y se encontraban con Jesús María Valle Jaramillo en el momento de su asesinato.

La Corte fijó en un total de 145.000 dólares las indemnizaciones que el Gobierno colombiano debe pagar por concepto de daño material e inmaterial, y costos del proceso a familiares de la víctima, así como a María Nelly y a Carlos Fernando.

El Gobierno colombiano también deberá otorgar a María Nelly, hermana de la víctima y a Carlos Fernando Jaramillo Correa, cuyo parentesco con el asesinado no se precisa, en el plazo de un año, una beca para realizar estudios o capacitarse en un oficio.

Las indemnizaciones se ordenaron por la falta de investigación y la beca debido al «daño al proyecto de vida y la alteración a sus condiciones de existencia» de María Nelly y Carlos Fernando.

Ambos sobrevivientes han recibido amenazas de muerte después de ocurridos los hechos, incluso Jaramillo Correa se encuentra en el exilio, de acuerdo con la fuente.

Además, la Corte ordenó al Estado colocar una placa en memoria de Jesús María Valle Jaramillo en el Palacio de Justicia del Departamento de Antioquia, en el plazo de un año y «realizar un acto público de reconocimiento de su responsabilidad internacional en la Universidad de Antioquia».

Según la denuncia elevada ante la Corte por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), «los elementos de juicio disponibles indican que el móvil del asesinato fue el de acallar las denuncias del defensor de derechos humanos sobre los crímenes perpetrados en el Municipio de Ituango por paramilitares en connivencia con miembros de la Fuerza Pública».

Al momento de su asesinato Valle presidía el Comité Permanente para la Defensa de los Derechos Humanos del departamento de Antioquia, del que es capital Medellín.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos, creada en 1979 y que tiene su sede en Costa Rica, es una institución judicial autónoma de la Organización de los Estados Americanos (OEA) cuyo objetivo es la aplicación e interpretación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Las sentencias de la Corte son de acatamiento obligatorio para los Estados miembros de la OEA.