Las Farc acusaron al Gobierno del presidente Álvaro Uribe de entorpecer la puesta en libertad de los secuestrados que esa guerrilla se propuso hacer desde el primer semestre de este año.
El alto comisionado para la Paz, Frank Pearl, ha impedido esta misión humanitaria con «nuevas, absurdas e inaceptables exigencias», sostuvo el mando central rebelde en un comunicado divulgado hoy por Internet.
Los guerrilleros aludieron a unas declaraciones periodísticas de la semana pasada en las que Pearl advirtió de que la entrega de rehenes estaba en suspenso por cuanto las FARC no habían asumido el compromiso de poner en libertad a todos los rehenes, que son 23, según los insurgentes, y 24 para el Gobierno.
Las afirmaciones del funcionario son «cínicas y tramposas», afirmó el Secretariado del Estado Mayor Conjunto (mando central), cuyo comunicado fue difundido por la Agencia de Noticias Nueva Colombia (Anncol), con sede en Estocolmo y afín a los guerrilleros.
Los rebeldes rechazaron que Pearl les atribuya la responsabilidad de la «inexplicable demora en la liberación de dos prisioneros de guerra ofrecida por las FARC EP (Ejército del Pueblo) como gesto unilateral».
«Es el Gobierno quien ha introducido palos en la rueda», agregó el mando insurgente, que de abril a junio pasados ofreció liberar a dos militares, el cabo Pablo Emilio Moncayo y el soldado Daniel Calvo, y entregar los restos del capitán de la policía Julián Guevara, que murió en cautividad.
Moncayo es uno de los dos rehenes con más tiempo de secuestro, casi doce años, y según la exigencia de las FARC, debe ser recibido, como el otro cautivo, por una misión humanitaria encabezada por la congresista opositora Piedad Córdoba y conformada por el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y la Iglesia católica.
Como Uribe, Pearl y los pudientes del país no permiten a sus hijos alistarse e ir a la guerra, «en el colmo del cinismo y de la insensibilidad clasista pretenden culpar a las FARC cuando lo único que solicitamos es que vengan por sus prisioneros, a quienes ellos mandaron a la guerra y abandonaron luego que cayeron en desgracia, como consecuencia de la confrontación», continuó el mando rebelde.
En este contexto, los insurgentes se preguntaron: «¿o será que quieren cobrarle al profesor Moncayo (Gustavo, padre del cabo rehén), a los familiares y a las organizaciones solidarias con los prisioneros de guerra la tenacidad que han tenido para luchar por la libertad de sus hijos?».
Las FARC subrayaron que «cada día, cada hora que demore la liberación del cabo Moncayo y del soldado Calvo, es de exclusiva responsabilidad del Gobierno de Uribe».
Ambos hacen parte de un grupo final de miembros de la Fuerza Pública que los rebeldes pretenden canjear por medio millar de rebeldes presos, varios de ellos extraditados a Estados Unidos.
