Una recompensa de hasta 100 millones de pesos ofrecieron las autoridades por información que conduzca a identificar y a capturar a los responsables de la incineración de un bus, con seis personas a bordo, entre ellas dos niños, en el departamento de Nariño.

La multimillonaria recompensa fue anunciada por la Policía Nacional, la gobernación de Nariño y el Ejército Nacional.

El bus incinerado, que cumplía un viaje entre Túquerres y Tumaco, pertenecía a la empresa Trans-Ipiales, cuyo gerente Jesús Fuerte dijo en Radio Santa Fe que fue una abierta retaliación de los alzados en armas por negarse a pagarles una extorsión.

El funcionario advirtió que ha sido una política de la empresa no acceder a las exigencias de los grupos armados.

Subrayó que por esto los buses han sido blanco de numerosos ataques, pero nunca se habia atentado contra la vida de los ocupantes.

“Esta vez no permitieron que los pasajeros se bajaran y le prendieron fuego al vehículo”, advirtió el gerente.

Añadio que la empresa había recibido sistemáticas amenazas, que oportunamente fueron comunicadas a la Policia y al Ejército, pero nunca tomaron medidas.

Hasta el momento no ha sido posible identificar a las víctimas, debido a que quedaron totalmente calcinadas.

En el departamento del Tolima tambien fueron incinerados en las últimas horas dos buses de transporte intermunicipal, pero no se produjeron desgracias personales, ya que los autores bajaron a los pasajeros antes de prenderles fuego.

Los vehículos, de la empresa CootransGirardot, fueron interceptados por un grupo armado, al parecer de las Farc, en la vereda Tres Esquinas del municipio de Cunday.

CONDENA DE LA ONU

A propósito de la tragedia del bus de Trans Ipiales, en Nariño, la Organización de los Estados Americanos (OEA) condenó el ataque y la muerte de seis personas, entre ellos dos niños.

«Los actos perpetrados constituyen una seria violación a los tratados del derecho internacional humanitario y un acto de violencia injustificada en contra de personas inocentes», afirmó el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, en un comunicado.

Estos actos en contra de la población civil «no contribuyen a generar caminos que permitan resolver la difícil situación de orden público en la que se encuentra esta región del país y vulnera derechos fundamentales de la población», agregó.

«La OEA repudia este tipo de acciones y hace un llamado a que cesen en todas las regiones del país», puntualizó el comunicado.