El depuesto presidente de Honduras, Manuel Zelaya, cumple hoy seis meses de haber sido derrocado y queda a uno de que concluya su mandato de cuatro años que inició el 27 de enero de 2006.
Zelaya recordará los seis meses del golpe encerrado en la Embajada de Brasil en Tegucigalpa, donde el pasado día 21 cumplió tres meses de estancia exigiendo su restitución en el poder.
En la víspera del sexto mes de su derrocamiento, Zelaya indicó a Efe que permanecerá en la legación diplomática brasileña el tiempo que sea necesario y que no renunciará al cargo de presidente que le dio el pueblo hondureño, al elegirlo en comicios libres en noviembre de 2005.
Tras ser derrocado y enviado a Costa Rica, Zelaya fue sustituido en la Presidencia de Honduras por Roberto Micheletti, quien era titular del Parlamento.
Zelaya y Micheletti pertenecen al gobernante Partido Liberal de Honduras, agrupación que a raíz del golpe de Estado se dividió y terminó perdiendo las elecciones del 29 de noviembre pasado, que le dieron un amplio triunfo a Porfirio Lobo, del Partido Nacional.
La mayor parte de la comunidad internacional no reconoció las elecciones y varios países han advertido que tampoco reconocerán al Gobierno que presidirá Lobo a partir del 27 de enero, si Zelaya no es restituido en el poder.
Según Zelaya, él no ha fracasado en su intento para que se le restituya en el poder, sino la comunidad internacional y los Estados Unidos, a quienes acusa de no haber sido más enérgicos para sacar a Micheletti del poder.
Por su parte, Micheletti reiteró la semana pasada que entregará el poder el 27 de enero y que Zelaya solamente puede salir del país con un «asilo político territorial» a uno que no sea de Centroamérica.
El «asilo político territorial» también supone que Zelaya debe renunciar a ser el mandatario de Honduras, lo que el derrocado gobernante no acepta.
Micheletti también sostiene que Zelaya tiene tres opciones: continuar en la embajada de Brasil, entregarse a la justicia hondureña por presuntos delitos cometidos durante su administración y pedir asilo.
Zelaya dijo el pasado día 24 a Efe que no ha cometido «ningún delito», mientras que ayer indicó que no cree en la justicia hondureña porque siguen los mismos magistrados, el mismo fiscal, los mismos diputados y los mismos militares que lo derrocaron en junio.
Además, Zelaya considera que se debe crear un tribunal internacional para que enjuicie a Micheletti por el golpe de Estado y múltiples violaciones a los derechos humanos registradas desde que se rompió el orden democrático en el país centroamericano, que figura entre los más pobres del continente americano.
El presidente electo, Porfirio Lobo, es de la opinión de que se respete al Acuerdo Tegucigalpa-San José, que representantes de Zelaya y Micheletti suscribieron el 30 de octubre pasado y que entre otras cosas señalaba que el 5 de noviembre debió estar instalado un Gabinete de unidad y reconciliación.
El Gabinete no se pudo constituir porque Zelaya y Micheletti querían presidirlo.
Ante esa situación, Zelaya dio por fracasado el acuerdo el 7 de noviembre y responsabilizó a Micheletti.
Zelaya fue derrocado por promover una consulta popular orientada a reformar la Constitución, pese a tener una prohibición legal de varias instituciones del Estado.
El derrocado presidente también considera que las reformas sociales que impulsaba su Gobierno deben continuar, esfuerzo que dice seguirá promoviendo a través del Frente Nacional de Resistencia Popular contra el golpe de Estado.
El Frente popular exige la restitución de Zelaya y ha advertido que no descansará hasta que se instale una Constituyente en Honduras para que el pueblo tenga protagonismo en las decisiones importantes del país.
