El líder izquierdista Carlos Romero dijo hoy que el presidente Álvaro Uribe se equivocó al dejar en manos de Dios la posibilidad de ser reelegido de nuevo, ya que la máxima autoridad católica en el país, el cardenal Pedro Rubiano, ya se ha declarado desfavorable a la continuidad del gobernante.

Romero, del directorio del opositor Polo Democrático Alternativo (PDA), se refirió a unas recientes declaraciones en las que Uribe habló de la posibilidad de que pueda ser reelegido por segunda vez.

Uribe, en el poder desde 2002, podrá buscar un tercer mandato en el caso de que la Corte Constitucional declare ajustada a la Carta Magna la ley de convocatoria a un referendo que sus seguidores quieren que sea convocado para que la ciudadanía sea quien decida si se le da una nueva oportunidad de mantenerse en el poder.

La reelección «dependerá de la Corte Constitucional, del pueblo y de Dios nuestro señor», consideró el Presidente el pasado día 5 en una entrevista con una radio local de Montería (noroeste).

El izquierdista Romero consideró en declaraciones a la cadena bogotana Caracol Radio que la continuidad de Uribe sólo está en manos de la Corte Constitucional y del pueblo.

«Se equivoca el presidente Álvaro Uribe si cree que su reelección además de la Corte Constitucional y el pueblo colombiano está en manos de Dios, porque Él, a través del cardenal Pedro Rubiano, ya se pronunció», sostuvo Romero.

El líder opositor observó luego que «si monseñor Rubiano, que es la máxima autoridad celestial en Colombia, ya manifestó su desacuerdo con la segunda reelección presidencial, hay que deducir que esa opinión la convalida Dios».

Por tanto, «ya existe jurisprudencia divina sobre la reelección», puntualizó Romero, ex concejal de la capital colombiana que aspira a un escaño en el Senado en los comicios de marzo próximo.

Romero es uno de los pocos sobrevivientes del llamado genocidio de la Unión Patriótica (UP), formación política creada hace un cuarto de siglo en virtud de un fracasado acuerdo de paz del gobierno con la guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Más de 3.500 militantes y simpatizantes de esta formación, incluidos varios candidatos presidenciales y legisladores, han sido asesinados desde entonces, dentro de una campaña que las investigaciones judiciales han atribuido a grupos paramilitares y a agentes del Estado.