Una ponencia negativa sobre el referendo reeleccionista, que cierra la posibilidad al presidente Alvaro Uribe para optar por un nuevo mandato, fue radicada ante la Corte Constitucional.

El magistrado Humberto Sierra Porto, entregó a la Secretaría General del alto tribunal, el respectivo documento que consta de unos 400 folios y en el cual fija sus criterios sobre el trámite que tuvo el referendo en el Congreso de la República.

Aunque el documento está cobijado por absoluta reserva, se especula que el magistrado Sierra Porto reseña cinco vicios de forma y de procedimiento del referendo en su tramite en el congreso de la republica.

El primero tiene que ver con la violación de los topes de financiación, tanto por los aportes individuales que no podían superar los 3 millones de pesos y los topes globales, que no podían exceder los 340 millones y llegaron a mas de 2 mil millones.

El segundo, que el congreso aprobó el referendo sin la certificación de la Registraduría.

El tercero, el cambio de la pregunta del Referendo.

El cuarto, la irregular sesión extraordinaria realizada el 17 de diciembre de 2008.

El quinto, el transfuguismo que se presentó un día antes de la votación del referendo, cuando algunos los congresistas cambiaron de partido para evadir las directrices de sus colectividades en torno a la votación.

A partir de la fecha, la Corte tiene un término de 60 días hábiles para definir si avala o no la consulta popular aprobada por el congreso de la republica.

La Corte Constitucional confirmó que el próximo jueves 11 de febrero iniciará el debate sobre el Referendo Reeleccionista, con base en la ponencia radicada en las últimas horas por el magistrado Humberto Sierra Porto.

El alto tribunal deberá, a más tardar el 7 de mayo, entregar su veredicto sobre el referendo reeleccionista.

La Sala Plena de la Corte rechazó la recusación en contra del magistrado Mauricio González Cuervo.

González Cuervo fue recusado por haber sido secretario jurídico de la Presidencia de la República y porque su esposa, Marcela Monroy es abogada y contratista del Estado.