El defensor del pueblo, Wolmar Pérez, pidió al gobierno colombiano reconsiderar los decretos expedidos al amparo de la Emergencia Social, tras asegurar que se corre el riego de vulnerar el derecho a la salud.
«En carta dirigida al ministro de Protección Social, Diego Palacio, hemos pedido que se reexaminen esos decretos, que se reconsideren a efectos de encontrar los mecanismos que permitan garantizar la sostenibilidad financiera del sistema de salud», dijo Pérez a periodistas.
El defensor manifestó su preocupación en torno a dos temas que consideró esenciales, como la posibilidad de acudir a las cesantías de los usuarios para cofinanciar servicios de salud por fuera del Plan Obligatorio de Salud (POS) y la limitación de recursos para las prestaciones excepcionales.
Por otra parte, el presidente de la Asociación Colombia Saludable, Dennis Silva, anunció este miércoles que la Emergencia Social decretada por el gobierno será llevada a tribunales internacionales para intentar reversarla.
«La vamos a llevar la Comisión Interamericana de Derechos Humanos porque la emergencia social no le da potestad al Estado para atentar con los derechos fundamentales», aseveró.
Agregó que se le pedirá a la Corte Constitucional derogar los decretos emitidos.
Dicha asociación ampara a los pacientes con enfermedades de alto costo.
A raíz de los recientes decretos expedidos al amparo de la Emergencia Social declarada por el gobierno en diciembre pasado para conjurar la crisis en el sector de la salud, la incertidumbre se apodera hoy de los colombianos.
Si bien el gobierno insiste en que las normativas traerán «enormes beneficios» para el sector, médicos, agremiaciones y usuarios ven con preocupación el vuelco dado al sistema de salud en el país, el cual atraviesa una de sus peores crisis en los últimos años.
Incluso el presidente Álvaro Uribe trato de atenuar los temores -ya generalizados- al señalar la víspera que la normativa está orientada a hacer sostenible el aumento de la cobertura y la calidad de la salud en Colombia.
Sin embargo, sus palabras y las de otros funcionarios del gobierno parecen que no podrán frenar la polémica, al tiempo que las inquietudes se acrecientan por horas, pues los citados decretos para conjurar la crisis del sector comienzan a polarizar a la sociedad.
Y es que los temores parten del probable efecto de la normativa a futuro sobre la calidad del servicio, dado que algunos analistas consideran que los pobres terminarán por financiar el sistema de salud.
Otra de las preocupaciones es que se restrinja el acceso a determinados tratamientos, como consecuencia del decreto que modifica la prestación de los servicios no incluidos en el los denominados hoy Prestaciones Excepcionales de Salud (PES)
