La Procuraduría General de la Nación investigará la presunta existencia de irregularidades en que pudó incurrir la Alcaldía de Cali y la Secretaría de Infraestructura de la ciudad en el proceso de liquidación y distribución del cobro de valorización del proyecto denominado 21 megobras.

Según la indagación preliminar del ministerio público, las denuncias se refieren a la falta de estudios técnicos, económicos, sociales y ambientales previos a la determinación de la tarifa que correspondió a cada uno de los predios localizados en el área de influencia de las obras a realizarse.

De acuerdo con las quejas, en el proceso no se cumplieron algunos requisitos previos legales, establecidos en la normatividad constitucional, legal y reglamentaria de este tipo de tributos y tampoco se permitió la participación ciudadana en la discusión para su aprobación.

En la apertura de indagación preliminar se ordenó la práctica de las pruebas necesarias para el esclarecimiento de los hechos.

La Procuraduría busca determinar si la fijación de la tarifa obedeció a los lineamientos establecidos en nuestro ordenamiento legal, dado que el impuesto de valorización, es un gravamen especial que recae sobre la propiedad inmueble que puede ser exigido para realizar obras de beneficio social que redunden en un incremento de la propiedad inmueble.

Para el Órgano de Control es importante establecer si los recursos obtenidos mediante la contribución de valorización efectivamente se destinarán para financiar parte de los proyectos incluidos en el plan de obras fijado mediante Acuerdo de 2009, en la medida en que se encuentra en curso una licitación tendiente a la realización de diseños de obra que formarían parte del plan inicial.