El Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez, asignó al Procurador Segundo Delegado para la Contratación Estatal, Antonio Gómez Merlano, para que investigue las presuntas irregularidades en las que habrían incurrido servidores públicos del Ministerio de la Protección Social, con respecto a las contrataciones adelantadas por esta cartera con ocasión de la expedición de los Decretos de Emergencia Social.

De acuerdo con un comunicado emitido por el Ministerio Público, el organismo de control se concentrará en la contratación de consultores o firmas especializadas para el diseño y posterior desarrollo de las normas y demás actos administrativos que se expidieron bajo el amparo de la Emergencia Social decretada en el mes de enero del presente año.

De igual manera, el Procurador ordenó investigar las posibles irregularidades que se presentaron en los contratos efectuados para hacer seguimiento al cumplimiento de la sentencia T-760 de 2008, que hace referencia a la vulneración del derecho constitucional a la salud y que fueron puestos en conocimiento de la Procuraduría por parte del doctor José Félix Patiño Restrepo, médico y miembro de la Academia de Medicina.

Dicha advertencia fue realizada por el especialista durante el conversatorio sobre el contenido de los decretos excepcionales expedidos bajo el amparo de la Emergencia, que se llevó a cabo en el Ministerio Público el pasado cinco de febrero.

Son contratos legales: Uribe

Por su parte, el presidente Álvaro Uribe, manifestó en horas de la mañana que los contratos tenían un carácter público y cumplían con todos los procedimientos legales, además de citar algunos ejemplos durante declaraciones ofrecidas a la emisora La Z, las cuales fueron reproducidas en un comunicado hecho público por la Casa de Nariño.

«Es que esos contratos son públicos y son contratos con todos los procedimientos legales. Por ejemplo: el uno fue autorizado por el Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud, del cual hacen parte Acemi (Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral), las secretarias de Salud de los departamentos, la Asociación de Clínicas y Hospitales, Ascofame (Asociación Colombiana de Facultades de Medicina), Acopi (Asociación Colombiana de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa), la Andi (Asociación Nacional de Empresarios de Colombia). Participaron 17 profesionales. Fue revisado por la Contraloría en su visita del año 2009. En el otro se presentaron tres firmas.

De igual manera, el jefe de Estado justificó las millonarias contrataciones realizadas por el Ministerio de Protección social, las cuales según las denuncias presentadas por el candidato presidencial Germán Vargas Lleras, ascenderían a más de 700 millones de pesos e involucrarían a personas relacionadas con las Entidades Promotoras de Salud (EPS).

“El Ministerio (de la Protección Social) ha necesitado asesores. Y los ha contratado transparentemente y de la más elevada competencia. Porque estos temas son delicados y hay que estar analizando permanentemente las sentencias de la Honorable Corte Constitucional y mirando cómo se aplican”, explicó el primer mandatario.

De igual manera, Uribe volvió a hacer referencia a la ética de los médicos, reiterando que su gobierno no había violado ninguna de las normas referentes a este otro aspecto en la expedición de las controvertidas normas.

“Y entonces hablemos lo siguiente, que es lo que no entiendo. Se dijo: ‘El Gobierno está violando la ética de los médicos’. Demuestra el Gobierno que no. Que lo que estamos haciendo es todo lo contrario: fortaleciendo la ética de los médicos. Y ahora se viene a cuestionar la ética de unos prestantes médicos que han sido, en un proceso transparente, contratados como asesores del Ministerio, a través de ese Instituto de Gestión Hospitalaria, creo que así se llama, que es una entidad del mayor prestigio”, agregó el primer mandatario.

“Es muy bueno hablar de nombres propios: la doctora Teresa Tono, el doctor Julio Portocarrero, el doctor Augusto Galán Sarmiento. ¿Qué tacha hay contra ellos? No entiendo por qué un día salen políticos a decir: ‘El Gobierno quiere acabar la ética de los médicos’. Y al otro día, cuando el Gobierno explica que no es así, que hay una equivocación, entonces salen a cuestionar la ética de los médicos. Entonces en unos casos defienden la ética de los médicos, y por conveniencia política, en otros casos atacan la ética de los médicos, como la ética de estos tres médicos”. No obstante, las explicaciones del presidente ya habían sido desvirtuadas por el jefe único de Cambio Radical, quien reiteró en horas de la mañana que el gobierno había actuado de manera improvisada, así como el que la ética de los profesionales de la salud efectivamente había sido vulnerada.

“La ética médica fue la que quedó comprometida en estos decretos con las restricciones que les impusieron a los médicos del país para el ejercicio de su profesión”, indicó al respecto Vargas Lleras.

(Con información de Terra)