–El presidente Alvaro Uribe reversó una nueva disposición de la Emergencia Social: el decreto que establecía el pago de servicios de salud con las cesantías.

“El Gobierno, humildemente, bajo mi responsabilidad, y asumo la responsabilidad, rectifica y toma la decisión de que no se exigirán las cesantías para pagar gastos de salud”, expresó el jefe del Estado y agregó:

“El Gobierno recibe humildemente esta crítica de los colombianos y asumo toda la responsabilidad para rectificar. En consecuencia, para que no se gasten las cesantías en salud, el Gobierno se abstendrá de reglamentar ese punto de la Reforma y apoyará el proyecto de ley que ha presentado al Congreso de la República para derogar ese punto, para quitarle ese factor crítico a la Reforma”.

De acuerdo con el Presidente Uribe, no se puede permitir que sea malentendida una reforma de salud que, entre otros objetivos, permitirá seguir adelante con el aseguramiento de 41 millones de colombianos y nivelar los beneficios de los régimenes Subsidiado y Contributivo.

“Porque una Reforma que va a lograr darle sostenibilidad al aseguramiento de 41 millones de colombianos, que va a dar al Régimen Subsidiado los mismos beneficios del Contributivo, permitir que un colombiano de Régimen Subsidiado no solamente sea atendido en su municipio sino en cualquier parte del país, inyectar un billón de pesos, con lo cual no contábamos, para poder atender esos requisitos, esas enfermedades que están por encima de lo cubierto por los Planes Obligatorios de Salud, no podemos dejar que esta Reforma sea mal entendida”, precisó el presidente Uribe.

“Entonces el Gobierno recibe la crítica de los colombianos y humildemente toma la decisión de rectificar para que nos se utilicen las cesantías en salud. Apreciados compatriotas todos: lo reitero desde aquí, desde San Carlos, Antioquia”, concluyó el Presidente de la República.

GREMIOS EMPRESARIALES

–Las organizaciones empresariales emitieron un comunicado en las ultimas horas en el cual hacen las siguientes precisiones sobre la Emergencia Social y los decretos reglamentarios:

El sector privado colombiano, representado en el Consejo Gremial Nacional ha estudiado las recientes medidas decretadas por el Gobierno Nacional en el marco de la Emergencia Social.

Al respecto, las siguientes son las conclusiones a las que hemos llegado, después del análisis hecho con otras organizaciones y el Gobierno:

1. Colombia destina cerca del 8 por ciento del PIB a la salud. Estos recursos han permitido avances sustanciales en la universalización de la cobertura: en 1995 había 14,7 millones de afiliados al sistema; y hoy hay más de 41 millones. El sector privado, que aporta la mitad de los recursos al sistema, tiene el mayor interés en que el servicio de salud a los colombianos sea universal, sostenible, en condiciones de igualdad y con la mejor calidad posible.
2. El Estado de Emergencia Social fue decretado con el propósito de evitar un colapso en el sistema de salud y de acatar la orden de la Corte Constitucional, quien mediante sentencia T-760 de 2008 ordenó la unificación progresiva del POS y la universalización del derecho a la salud. Se entiende que la principal motivación para decretar la Emergencia Social y su reglamentación ha sido la de producir vinculación de más colombianos al sistema de salud en condiciones de igualdad. Para ello, es necesario garantizar la viabilidad financiera del sistema, dadas las nuevas condiciones de afiliación.
3. El Consejo Gremial Nacional estima que los recursos destinados a la salud son significativos, inclusive en términos internacionales, pero que no fluían con la transparencia y la celeridad requerida. Por ello, el objetivo que persigue la Emergencia de mejorar los trámites para incrementar la liquidez, reformando la velocidad de los giros a los agentes y operadores del sistema y hacer viable los procesos de cobro de deudas anteriores a la expedición de la medida, es positivo. Con esta habrá mejoras sustanciales en el sistema de pagos.
4. Con la actualización y unificación del POS, serán los colombianos de menores ingresos quienes se beneficiarán de la mejoría en la calidad y oportunidad de los servicios, debido a que serán tratados en condiciones de igualdad con aquellos colombianos de mayores ingresos. Del análisis de los decretos y de los reglamentos expedidos hasta el momento, así como de las declaraciones de los funcionarios del Gobierno, se desprende que no hay peligro de desmejora en el acceso de los colombianos a las prestaciones del sistema de salud, bien sea que hagan parte del Régimen Contributivo o del Subsidiado.
5. Hacemos un llamado al Gobierno para poner en marcha todos los instrumentos para luchar contra la corrupción, la falta de transparencia y la elusión de recursos financieros al sistema.
6. Los asuntos sustanciales de la Emergencia deben defenderse a toda costa en aras del bien común. Los asuntos marginales o sin conexidad con la Emergencia no pueden hacer perder de vista sus bondades fundamentales.
7. El Consejo Gremial Nacional expresa que, como principio general, no es partidario de reformas tributarias por decreto, porque puede afectarse la confianza inversionista. Es conveniente que los juegos de suerte y azar, tengan un mayor peso en las contribuciones a la salud; infortunadamente este incremento se ha visto frustrado en reiteradas oportunidades en el Congreso.
8. En síntesis, la meta de estas medidas es la cobertura universal sostenible del sistema de salud, con pleno respeto al derecho a la igualdad, valor que destacamos como ciudadanos y que vemos bien incorporado en las medidas expedidas.
Finalmente, ofrecemos toda nuestra participación en las instancias que sean establecidas por el Gobierno para reglamentar, adecuar y orientar de la forma más constructiva el objetivo que se persigue con la emergencia. Las posibles irregularidades en el asesoramiento para su puesta en marcha, deben ser investigadas y, si fuere el caso, castigadas, pero no deben interferir con el desarrollo de una reforma que, en su conjunto, consolida uno de los más importantes logros sociales de Colombia: la salud universal y sostenible de sus ciudadanos, con una calidad que no distinga estratos socioeconómicos.