Algunos de los candidatos oficialistas al Congreso de Colombia coaccionan a los beneficiarios de subsidios del Gobierno para que voten por ellos en las elecciones legislativas del 14 de marzo a cambio de no perder esas ayudas, aseguró hoy la Misión Internacional de Observación Electoral.

Esa misión, integrada por ONGs más de siete países, entre ellos México, Canadá y Estados Unidos, presentó hoy en conferencia de prensa su informe sobre las condiciones de seguridad y transparencia que afronta Colombia de cara a los próximos comicios parlamentarios.

«Aspirantes a la Cámara y el Senado han asistido a reuniones con los beneficiarios, en las que se ha señalado que si no votan por ellos y por el candidato a la presidencia por el Partido de la U (en el poder con Álvaro Uribe) los subsidios que reciben del presidente se acabarán», señaló el reporte, sin precisar los nombres de los aspirantes.

La directora de la ONG con sede en México Programa de las Américas para el Centro de Política Internacional, Laura Carlsen, señaló que en las cuatro regiones que fueron visitadas por la Misión de Observación escucharon de las personas entrevistadas que los candidatos de los partidos del Gobierno utilizan los subsidios para coaccionar el voto.

«Llegan a los barrios pobres y le dicen a la gente que si no votan por el partido del Gobierno se puede acabar con los subsidios, y como muchos viven con estos subsidios, es una amenaza que no es justa y que tiene mucho impacto», dijo la experta.

Asimismo, indicó que existen otros delitos electorales que podrían afectar la jornada del 14 de marzo y los comicios presidenciales del 30 de mayo próximo.

La Misión Internacional de Observación Electoral, liderada por la ONG de EE.UU. Global Exchange, visitó los departamentos de Córdoba, Antioquia (noroeste), Santander (noreste) y Valle del Cauca (suroeste), y expresó su preocupación por los asesinatos selectivos y la persecución de líderes comunitarios, sin referirse a casos concretos.

El informe final se dará a conocer el 7 de marzo próximo y desde ya adelantaron que recomendarán a las autoridades tomar acciones frente a los delitos electorales.

Piden también que se persiga el «testaferrato electoral», en el que estructuras políticas «seriamente cuestionadas» buscan perpetuarse «mediando el cambio de nombres de partidos o liderazgos familiares que si no son ilegales, llevan implícito un profundo sentido de ilegitimidad a un proceso democrático».

En contraste con las críticas, se resalta como algo positivo la participación ciudadana en procesos electorales y su capacidad para desarrollar acciones encaminadas a la defensa y promoción de los derechos humanos.

Colombia tiene este año una apretada agenda electoral con los comicios Legislativos y al Parlamento Andino del 14 de marzo y presidenciales el 30 de mayo, por lo que las autoridades están en alerta ante posibles brotes extraordinarios de violencia.