El comité responsable de la reparación a las víctimas de los grupos paramilitares pidió que no se desaloje a unas 550 familias de desplazados que ocupan una extensa hacienda del ex jefe paramilitar Ramiro «Cuco» Vanoy en el norte del país, informaron portavoces regionales del organismo.

El desalojo ha sido exigido por una dependencia gubernamental que lo tiene en administración temporal y que pretende entregarlo a otra entidad estatal del sector agropecuario.

La solicitud fue formulada en un comunicado por Arturo Zea, coordinador del Comité Nacional de Reparación y Reconciliación (Cnrr) en Bolívar.

El funcionario explicó que el predio, que tiene el nombre de El Guasimal, está en manos de la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE), dependencia que recibe y administra los bienes que son adquiridos con dinero de origen ilegal, como el narcotráfico.

Esta dependencia del Ministerio del Interior y de Justicia quiso el mes pasado cederlo de manera temporal al Instituto Colombiano de Desarrollo Territorial (Incoder, adscrito al Ministerio de Agricultura).

Sin embargo, el Incoder lo rechazó ante el hecho de estar ocupado por desplazados y ha exigido para recibirlo que sea «saneado», es decir, que quienes viven en él sean expulsados.

Zea propuso que el Incoder se haga cargo de la hacienda «sin necesidad de saneamiento», y que se solicite a la DNE y a las autoridades judiciales que se abstengan del desalojo, mientras se formaliza la tenencia de las tierras para la población desterrada.

La hacienda El Guasimal está situada en Zambrano, población en los límites de Bolívar con el departamento de Córdoba, y tiene una extensión de 1.700 hectáreas.

El predio, que es objeto de un proceso judicial de confiscación plena por el Estado, le fue intervenido a Vanoy, antiguo jefe del Bloque Mineros de las Auc, organización paramilitar que se disolvió a mediados de 2006, dentro de un proceso de paz con el Gobierno.

Vanoy fue extraditado en mayo de 2008 a Estados Unidos junto a otros trece ex mandos de las AUC, todos ellos reclamados bajo cargos de narcotráfico, lavado de activos y financiación al terrorismo.

Varios han sido ya condenados, entre ellos Vanoy, sentenciado en Miami a 24 años de prisión.