La Procuraduría General de la Nación solicitó a la Corte Constitucional que declare exequible el proyecto de ley que le cambia el nombre al aeropuerto Eldorado por el de “Aeropuerto Internacional Luís Carlos Galán Sarmiento”.

El Gobierno Nacional objetó la disposición por cuanto considera que variar el nombre del Aeropuerto El Dorado genera costosas actualizaciones en las cartas de navegación y documentos de información aeronáutica, así como altos costos en las modificaciones de los diferentes convenios y contratos suscritos por la Aeronáutica Civil.

Sin embargo, la Procuraduría pide a la Corte Constitucional que declare infundadas la objeciones presentadas por el Ejecutivo, porque considera que la decisión del legislador “lo que pretende es únicamente cambiarle el nombre al Aeropuerto El Dorado, lo cual constituye una decisión que emerge del desarrollo de la libertad de configuración normativa sin que ello implique la ordenación de un gasto que afecte el presupuesto sin el lleno de los requisitos constitucionales”.

A juicio de la Procuraduría, aún si el cambio implicara un costo, esa decisión se convierte en apenas una autorización del Gobierno Nacional para disponer de los recursos establecidos en el proyecto, que no constituye un mandato de obligatorio cumplimiento con desconocimiento de los preceptos constitucionales que regulan la modificación o afectación del Presupuesto General de la Nación.