El gobierno venezolano se comprometió el martes a detener a cualquier activista de ETA siempre que existan «pruebas irrefutables» y rebajó el tono de sus críticas, asegurando que está decidido a preservar sus relaciones bilaterales con España.

Un día después de hacerse pública la orden de detención para 12 miembros de la organización separatista vasca y la guerrilla colombiana de las FARC, la embajada de Venezuela en Madrid se mostró dispuesta a colaborar con la justicia española, aunque volvió a negar las acusaciones que vinculan al gobierno del presidente Hugo Chávez con una supuesta entente entre ETA y las FARC.

«Reiteramos nuestro compromiso de actuar frente a pruebas irrefutables que demuestren objetivamente actividades de esa naturaleza», dijo la embajada en un comunicado, aludiendo a presuntos terroristas. «La embajada ratifica su rechazo a la supuesta vinculación de nuestro gobierno con grupos terroristas».

Aunque Chávez había defendido el lunes a la colonia de ex miembros de ETA refugiados en el país sudamericano en virtud de un acuerdo suscrito entre los dos países en 1989, la embajada quiso dejar clara su condena a cualquier forma de terrorismo y puso enfásis en la necesidad de combatirlo «en el marco de los principios del derecho internacional».

Las 12 sospechosos son los que figuran en el polémico auto del juez Eloy Velasco, que el pasado 1 de marzo acusó al gobierno de Chávez de amparar una alianza estratégica entre ETA y las FARC. Las dos organizaciones llegaron supuestamente a conspirar para cometer atentados en Madrid contra el presidente colombiano Alvaro Uribe y su antecesor en el cargo Andrés Pastrana.

La mayoría de ellos, seis etarras y seis miembros de las FARC, se encuentran en Cuba y Venezuela o en paradero desconocido. ETA, que ha asesinado a más de 825 personas en su campaña por un País Vasco independiente de España, es considerada por la Unión Europea como una organización terrorista.

Uno de acusados por el juez es el presunto etarra Arturo Cubillas Fontán, quien aparece señalado como la persona clave en la cooperación ETA-FARC. Cubillas Fontán reside en Venezuela y ha ocupado distintos cargos de responsabilidad en el gobierno de Chávez.

En el convulso plano diplomático, la embajada denunció la existencia de una campaña destinada a enturbiar las relaciones entre España y Venezuela y subrayó su propósito de conservar la buena sintonía entre los dos gobiernos.

«Ratificamos nuestra firme voluntad de profundizar esta relación amistosa y fructífera (con el gobierno español)», manifestó.

Unas horas antes, el gobierno socialista español dijo estar confiado en la cooperación venezolana y descartó que Chávez esté convirtiendo Venezuela en una especie de «santuario etarra».

No obstante, el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, reconoció que los últimos acontecimientos evidencian un cierto movimiento del grupo separatista vasco en el país sudamericano.

Además del auto de Velasco, la reciente detención de los supuestos etarras José Lorenzo Ayestarán, quien estuvo refugiado en Venezuela, y Andoni Zengotitabengoa, interceptado en Lisboa cuando trataba de embarcarse en un vuelo a Caracas, demuestra, según Rucabalcaba, que hay una posible actividad de ETA al otro lado del Atlántico.

«A mí lo que me interesa es que si allí, en Venezuela, hay algún tipo de situación favorable (con ETA) se acabe con ella», dijo el ministro en una entrevista con la pública Radio Nacional.

En ese sentido, el responsable de Interior remarcó la necesidad de impedir que cualquier infraestructura etarra se «reproduzca o se mantenga» allá donde esté.

Por su parte, el opositor Partido Popular exigió el martes al gobierno socialista que no se deje «amedrentar ni amenazar» por Chávez y le pidió que demuestre la fortaleza del estado de derecho español ante las «bravuconadas» del presidente venezolano.

El diputado de la comunista Izquierda Unida, Gaspar Llamazares, solicitó respeto a las decisiones de Venezuela, un país, dijo, perfectamente democrático.