El Juez 17 de Control de Garantías de Cali aseguró al asesor jurídico de la Cárcel Villahermosa, Pedro Walter Molineros Cobo, a tres funcionarios judiciales, y a un abogado litigante, que supuestamente falsificaron resoluciones que otorgaban libertades y detenciones domiciliarias a procesados que debían estar privados de libertad.

La investigación se relaciona con las libertades y las detenciones domiciliarias ordenadas desde 2007 a la fecha, por un Juzgado de Ejecución de Penas de Cali para 34 procesados que no cumplían con los requisitos, para beneficiarse con esa clase de decisiones.

En la investigación la Fiscalía descubrió que las firmas de las resoluciones mediante las cuales se adoptaron esas decisiones fueron falsificadas, al igual que la huella digital del juez que llevaba los procesos.

También se estableció que fueron obviados trámites y procedimientos de control, como el envío de notificaciones al Centro de Servicios Judiciales, para su remisión a los interesados en cada proceso.

Por esos hechos fueron aseguradas las siguientes personas: Pedro Walter Molineros Cobo, asesor jurídico de la Cárcel Villahermosa de Cali, y los notificadores para la fecha de los hechos Gustavo Adolfo Restrepo y Rafael Oyola Castillo, como presuntos cómplices del delito de falsedad ideológica en documento público.

La medida también afectó a Berta María Harf Salazar, secretaria del Juzgado Quinto de Ejecución de Penas de Cali, por su presunta responsabilidad en los delitos de falsedad ideológica en documento público, destrucción, supresión u ocultamiento de documento público, concusión y fraude procesal.

Por último, fue asegurado el abogado William Valencia Guzmán, como presunto responsable de concusión.

Tanto Harf Salazar como Valencia Guzmán fueron enviados a centros carcelarios de Cali. A los procesados restantes se les otorgó detención domiciliaria.