La Fiscalía imputará dos cargos contra este comité por los delitos de fraude procesal y falsedad de documento privado, así como también citó a audiencia de imputación de cargos a los nueve promotores el 21 de abril ante un juez de control de garantía.

La fiscal Claudia Erazo, perteneciente a la Unidad de Orden Económico, halló el exceso del límite de topes de aportes de financiación globales como de aportes individuales.

Dentro de la sentencia de la Corte Constitucional que desaprobó el referendo se aclaró que se «verificó la ocurrencia de un conjunto de irregularidades vinculadas a la financiación de la campaña», mostrando una «grave violación de los principios democráticos», especialmente el de transparencia.

El Comité Promotor del Referendo se encargó de recoger los 4 millones de firmas que apoyaron la propuesta del proyecto de ley del referendo.

El fallo afirma que en la campaña se gastó «hasta seis veces más plata de la que estaba autorizada y que los aportes recibidos superaron hasta 30 veces más de lo permitido». Agregando que «toda la actuación (del Comité Promotor) fue dirigida a burlar los principios legales y constitucionales «y a encubrir el «uso de recursos ilimitados» a favor de la campaña del referendo.

En el Consejo Electoral quedo clara la invalidación en el proceso de la recolección de firmas. De ser hallados culpables los miembros de este comité recibirán una sanción oscilante a los 90 millones de pesos.