El Presidente de la República, Juan Manuel Santos y el Ministro del Interior y de Justicia, Germán Vargas Lleras, presentaron ante la Secretaria de Cámara de Representantes el proyecto de ley el cual busca dictar medidas para la atención y reparación integral a las víctimas de violaciones a los Derechos Humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario.
Durante su intervención, el Jefe de Estado explicó los cuatro puntos que contempla esta iniciativa.
“El proyecto de Ley de Víctimas contempla los siguientes aspectos: Primero, medidas de asistencia en áreas como salud y educación, además de alivios en las deudas que tuvieran las víctimas, a manera de una atención integral que ellos deben recibir. Segundo, ayuda humanitaria para reacción inmediata ante nuevos hechos”, indicó el Mandatario.
Y agregó: “Hay un tercer frente de la Ley de Víctimas, muy importante que es el de medidas de restitución que les permitan volver al estado en que se encontraban antes de que sus derechos fueran vulnerados. El cuarto aspecto que quiero resaltar es la creación del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas”.
El Presidente Santos explicó que la medida de restitución se realizará a través de herramientas como la indemnización por vía administrativa, la entrega de recursos para inversión o adquisición de tierras, y el apoyo a proyectos productivos que les permitan a las víctimas del desplazamiento forzado sostenerse de manera autosuficiente.
Así mismo, se les dará prioridad a las víctimas en el acceso a subsidios y créditos blandos para vivienda. Los menores de edad reconocidos como víctimas podrán obtener una indemnización que se mantendrá en encargo fiduciario “hasta que alcancen cierta edad”.
Además, el Jefe de Estado anunció que el proyecto de Ley establece la creación del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas.
“Será una instancia de coordinación a nivel nacional, liderada por el Vicepresidente de la República, con el apoyo de un comité interinstitucional que coordinará el Ministerio del Interior, y con el soporte administrativo de Acción Social. A través de este Sistema se hará seguimiento a la implementación de la Ley de Víctimas y se articularán todas las instituciones con responsabilidades en el tema; allí, entre otras muchas entidades, están 10 de los 13 ministerios hoy existentes”, señaló el Mandatario.
‘¡No discriminaremos a ninguna víctima!’
Igualmente, indicó que el Gobierno no discriminará a ninguna de las víctimas de la violencia, y que de la iniciativa también podrán beneficiarse integrantes de la Fuerza Pública.
“Lo importante acá no es quiénes son los victimarios, sino reconocer el derecho de las víctimas –vengan de donde vengan– a una reparación y una vida más digna. Incluso nuestros militares y policías también podrán postularse como víctimas para acceder a los beneficios de la ley, en los casos en que no sean cubiertos por sus regímenes especiales”, señaló el Presidente de la República.
Resaltó que el proyecto de Ley busca que las víctimas no tengan que esperar un fallo judicial para acceder a la indemnización.
“La condición de víctima, para efectos de la Ley, se determinará de la siguiente manera: Todas las solicitudes, sin importar el victimario, serán estudiadas y decididas por un Comité Jurídico de Reparaciones Administrativas, integrado por cinco juristas, que deberán tener las mismas calidades de un magistrado de la Corte Suprema”, dijo.
Señaló que esta iniciativa será la hoja de ruta para ejecutar una reparación integral a las víctimas.
“Este Comité –que obrará con un procedimiento expedito que garantice el derecho al debido proceso– deberá establecer la condición de víctimas de los solicitantes, pero no al victimario. Esta iniciativa, una vez aprobada, será el punto de partida para un periodo de transición de 15 años. ¡Será la hoja de ruta para ejecutar una reparación integral a las víctimas en dicho periodo de tiempo!
“En ese lapso esperamos reparar social, económica, sicológica y simbólicamente a cerca de 4 millones de desplazados y víctimas de otros delitos derivados de la violencia. El propósito fundamental que tenemos es que las víctimas reconstruyan sus proyectos de vida”, puntualizó el Presidente Santos.
A continuación, los principales puntos del proyecto de reforma a la justicia:
-Reconocerá a las víctimas independientemente de quién sea el responsable de los delitos.
-Se reconocerá a las víctimas sin distinción de sexo, raza, condición social, profesión, origen nacional o familiar, lengua, credo religioso, opinión política o filosófica; y ofrecerá especiales garantías y medidas de protección a los grupos expuestos a mayor riesgo de violaciones de sus derechos humanos tales como mujeres, niños y niñas, líderes sociales, defensores de derechos humanos y víctimas de desplazamiento forzado.
-Los niños, niñas y adolescentes víctimas gozarán de todos los derechos civiles, políticos, sociales, económicos y culturales, con el carácter de preferente.
-Los miembros de los grupos armados organizados al margen de la ley no serán considerados como víctimas. Tampoco serán considerados como víctimas los cónyuges o compañeros permanentes o los familiares en primer grado de consanguinidad de los miembros de grupos armados organizados al margen de la ley.
-No podrán acogerse como víctimas quienes hayan sufrido delitos comunes que no se enmarquen en el contexto transicional.
-Las víctimas tendrán derecho a la verdad, justicia y reparación.
-Se le brindarán a las víctimas las condiciones adecuadas para llevar una vida digna y así garantizar su incorporación a la vida social, económica y política.
-Las víctimas de atentados terroristas, combates, secuestros, ataques, y masacres, recibirán ayuda humanitaria, cubriendo las necesidades de alimentación, aseo personal, manejo de abastecimientos, utensilios de cocina, atención médica y psicológica de emergencia, transporte de emergencia y alojamiento transitorio en condiciones dignas, en el momento de la violación de los derechos.
-Las víctimas tendrán derecho a la justicia y es deber del Estado adelantar la investigación efectiva que conduzca a la identificación, captura, juicio y sanción de las personas responsables.
-Las víctimas, sus familiares y la sociedad conocerá la verdad de los motivos y las circunstancias en que se cometieron las violaciones de los Derechos Humanos, y en caso de fallecimiento o desaparición, se sabrá la suerte que corrió la víctima.
-En caso de violencia sexual, la víctima tendrá un tratamiento especial y se establecerán unas directrices para evitar que se afirme que la víctima propició o aceptó la violencia sexual.
-Las declaraciones de las víctimas se podrán llevar a cabo a puerta cerrada en presencia sólo del fiscal, de la defensa, del Ministerio Público y del propio juez. Así mismo se recibirán testimonios orales o por medio de audio o video; El testimonio, también podrá ser recibido con acompañamiento de personal experto en situaciones traumáticas y se podrán solicitar medidas para proteger la intimidad.
-Se adoptarán medidas de protección a las víctimas, cuando ello sea necesario según el nivel de riesgo.
-Se garantizará el acceso y la exclusión de todo tipo de costos académicos en los establecimientos educativos oficiales en los niveles de preescolar.
-El SENA dará prioridad y facilidad para el acceso de jóvenes y adultos víctimas, a sus programas de formación y capacitación técnica.
-El Sistema General de Seguridad Social en Salud ampliará la cobertura de la asistencia en salud a las víctimas.
-Se diseñará un sistema de registro y control de víctimas o de destinatarios de eventuales reparaciones con el fin de diseñar una política integral de atención a las víctimas.
-Se creará una estructura organizacional que asumirá la implementación de esta Ley, la cual estará conformada por el Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas, la cual formulará y ejecutará los planes, programas, proyectos y acciones específicos, tendientes a la atención y reparación integral de las víctimas; por una Dependencia Especial para la Atención y Reparación a las Víctimas, creada al interior de la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional y un Comité Interinstitucional consultivo el cual brindará apoyo especializado al Vicepresidente de la República, director del Sistema Nacional de Atención y Reparación a las Víctimas.
-El Gobierno Nacional diseñará el Plan Nacional para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, el cual será adoptado mediante documento CONPES.
-La Ley tendrá una vigencia por 15 años.

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