A través de un comunicado publicado en su página web, la senadora liberal, Piedad Córdoba afirmó que «el señor Procurador, no tiene respaldo probatorio, mérito jurídico alguno y menos aún valor moral y ético» para destituirla e inhabilitarla por 18 años por sus presuntos vínculos con la guerrilla de las Farc.

Según el Ministerio Público, la congresista se habría extralimitado en la entrega de información a las Farc, así como en sus funciones para gestionar el intercambio humanitario.

De acuerdo a las investigaciones adelantadas por la Procuraduría, las pruebas de apoyo a la guerrilla por parte de Córdoba se indagan desde la Operación Fénix, donde fue dado de baja el número dos de las Farc, Raúl Reyes.

A esto la legisladora respondió que «Quien temerariamente me acusa y me sanciona se encuentra seriamente cuestionado por sus actuaciones contra los derechos de la mujer, la población LGBT; las operaciones ilegales del DAS; la absolución, desestimando pruebas válidas en el caso de la llamada “Yidis Política”, razón por la cual (en este último caso) se encuentra investigado por la Corte Suprema de Justicia.»

Y agregó que la decisión del Ministerio Público «es una muestra más de la persecución política que se ha adelantado contra mí en los últimos 12 años, que ha implicado grandes lesiones a mi integridad personal y familiar, como mi secuestro, posterior exilio con mis hijos e hija, los atentados contra mi vida, las operaciones ilegales de interceptación y seguimiento de público conocimiento las cuales deberían ser la preocupación real de la Procuraduría General de la Nación»

Córdoba indicó que sus representantes legales «se pronunciarán sobre los aspectos jurídicos de forma y de fondo, ya que no puede ser este otro caso en que la Justicia quede en entredicho y al servicio de intereses ajenos a su necesaria imparcialidad»