Unas 50 personas de varias organizaciones sociales de Colombia protestaron hoy ante la sede de la Procuraduría en Bogotá por la sanción de 18 años de inhabilitación a la senadora opositora Piedad Córdoba, impuesta por ese organismo por su presunta colaboración con la guerrilla de las FARC.
Entre los asistentes había integrantes de la Asociación Colombiana de Familiares de Miembros de la Fuerza Pública Retenidos y Liberados por Grupos Guerrilleros (Asfamipaz), con pancartas y gritando consignas en apoyo a Córdoba.
La senadora, del Partido Liberal y gracias a cuya mediación ante las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) fueron liberadas en los últimos años 12 personas secuestradas por esa guerrilla, fue sancionada el pasado lunes con 18 años de inhabilitación por la Procuraduría (Ministerio Público).
La investigación de ese organismo se inició a partir de los documentos hallados en los computadores del ex portavoz internacional de las FARC Luis Edgar Devia, alias «Raúl Reyes», que murió en un bombardeo del Ejército colombiano en Ecuador el 1 de marzo de 2008.
Tras cruzar información con organismos como la Corte Suprema, la Fiscalía, la Interpol y la Policía Judicial, la Procuraduría estableció «con certeza» que la senadora aconsejó a las FARC no enviar vídeos de personas secuestradas, pero sí grabaciones de voz, «con el fin de adoptar una mejor estrategia en la búsqueda de sus objetivos».
Constató también que «instruyó y solicitó a las FARC que suministraran pruebas de vida de los secuestrados con el fin de favorecer a Gobiernos de otros países», aunque la Procuraduría no menciona cuáles.
Asimismo, según la Procuraduría, la política «efectuó declaraciones en diferentes actos públicos en los que ejerció actos de promoción con el fin de favorecer los intereses del grupo subversivo».
La senadora proclamó el martes su inocencia, aseguró que sus contactos y encuentros con miembros de las FARC fueron autorizados por las autoridades y que denunciará ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la sanción de la Procuraduría.
Además, sostuvo que la decisión de inhabilitarla busca «criminalizar» su labor humanitaria y se comprometió a seguir trabajando por la paz en Colombia. EFE
