Unas 60 personas entre uniformados y civiles enfrentan procesos judiciales tras el alzamiento policial que se registró el 30 de septiembre.

El ministro de Justicia, José Serrano, dijo a la cadena de televisión Ecuavisa que «hay aproximadamente 60 personas que al momento están con procesos judiciales iniciados, tanto por la fiscalía como también con denuncias que las hemos presentado desde el gobierno».

Destacó que los acusados cuentan «a más de sus abogados defensores, con defensores públicos» y que los procesos «se están manejando de manera absolutamente transparente».

Añadió que «los hechos sucedidos el 30 de septiembre son delitos de acción pública, porque atentaron contra la seguridad del estado, contra la administración pública, pero que afectaron al colectivo y dentro de esa perspectiva … son procesos que se transparentan… contra las personas que atentaron contra la democracia y la seguridad del Estado».

No dio detalles de cuántos uniformados y cuántos civiles están enjuiciados.

Quienes enfrentan juicios son presuntos responsables del alzamiento policial, cuando una protesta de los uniformados derivó en agresiones al presidente Rafael Correa, que tuvo que huir a un hospital, donde quedó retenido por varias horas y fue rescatado por un asalto militar.

Ese día se produjeron 8 muertos y unos 270 heridos.

Tales hechos dejaron 14 policías de tropa, un oficial y un civil apresados, además de 13 oficiales de policía fueron puestos en situación de disponibilidad, paso previo a la baja.

El ministro del Interior, Gustavo Jalkh, señaló a la cadena de televisión RTU que una semana antes del alzamiento «se nos informó que había cierto descontento, pero los generales estaban yendo a los cuarteles y a los recintos para explicar la nueva ley… yo mismo lo estaba haciendo».

Señaló que los hechos se precipitaron debido a «una campaña soterrada» al interior de la institución que buscaba que ciertos grupos mantengan espacios de poder.

Los primeros simpatizantes del gobierno se congregaban el viernes para ser parte de una marcha convocada en defensa de la democracia, aunque en esta capital está vigente un estado de excepción que entre otras cosas, impide las concentraciones y manifestaciones. AP