Rechazo múltiple a la posibilidad de reformar la Justicia a través de una constituyente porque el Congreso es el escenario natural fue, quizás, la conclusión más importante que quedó en el ambiente tras la culminación del foro realizado sobre el tema en el Senado de la República.

Temas como la descongestión judicial, juicios con debidas garantías procesales, jueces competentes, procesos y concursos meritocráticos para escoger y seleccionar magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado, también fueron planteados en el evento que deliberó en el Salón Elíptico del Capitolio Nacional y organizado por la Comisión Primera del Senado.

El certamen fue instalado por el presidente de la Comisión, senador Eduardo Enríquez Maya (Partido Conservador), quien dijo que el foro era el primero, de tres que se organizarán en el corto plazo y que buscan escuchar diversas opiniones que contribuyan a consolidar la iniciativa de reformar la administración de justicia que será presentada ante el Legislativo en marzo de 2011.

Enríquez Maya se refierió a un preocupación latente entre los congresistas y dijo al instalar el certamen: “El debido proceso en Colombia es el cimiento fundamental del Estado de Derecho y la Constitución Política es eminentemente garantista, pero eso no se aplica cuando se investiga a un congresista. Es la única parte donde no se tiene en cuenta el debido proceso y aplicable a los legisladores”.

Por su parte el presidente del Congreso, Armando Benedetti (La U), insistió en que “combatir la congestión judicial y proporcionar juicios con las debidas garantías, prontitud y jueces competentes y naturales”, son los grandes retos de la justicia del país.

“El mayor reto es combatir la terrible congestión judicial que aqueja al país. Según los últimos datos de la Corporación Excelencia, el índice de congestión acumulada de la Jurisdicción Ordinaria es del 71%, de la Contencioso Administrativa del 60% y de la Disciplinaria del 55%”, precisó el Presidente del Congreso.

Según Benedetti, “la justicia que propugna la Constitución y que el Estado debe proporcionar a los ciudadanos debe contener, al menos, las siguientes tres garantías básicas: Juicio con las debidas garantías, prontitud y Juez competente y natural”.

El Presidente del Congreso recalcó que cualquier intento por reformar el sistema judicial tiene que impulsar “la generación de una justicia más pronta, eficaz y diligente, contando siempre en esta estrategia con el consejo de las Altas Corporaciones de Justicia”.

Sobre la posibilidad de una Asamblea Constituyente propuesta por algunos sectores que afectaría directamente a las Cortes dijo que “como presidente jamás me prestaría para tramitar una asamblea con ese objetivo. Preferiría sentarme con las Cortes a concertar. Cualquier reforma debe hacerse vía legislativa, en el Congreso, y con la concertación con las cortes”.

Frente a las posibles inhabilidades que se van a presentar para aprobar la ley de reforma a la justicia por parte de algunos congresistas y la propuesta del Ministro de Interior de proponer una Ley que evite que cerca de 100 congresistas se declaren impedidos, explicó que el régimen de incompatibilidades e inhabilidades mas duro lo tienen los congresistas colombianos y que lo que hay que buscar es desmontar algunas de ellas.

A su turno, el senador Juan Carlos Rizzetto (Partido de Integración Nacional), señaló que lo importante en la justicia es lograr un equilibrio en las Ramas del Poder Público. “Hay que lograr conseguir el equilibrio, una justicia no politizada, que sea dinámica y que tenga recursos suficientes para que pueda operar en el país”, subrayó.

El senador Jesús Ignacio García (Partido Liberal), señaló que después de haberse implementado el sistema penal acusatorio “seguimos todavía afrontando problemas relacionados con la congestión hasta el punto de que hay quienes predican que el sistema fracasó».

«Nos proponen regresarnos al sistema inquisitivo. Nosotros creemos que el sistema penal acusatorio no fracasó, lo que ocurre es que el Estado no le ha prestado la atención debida para darle los instrumentos suficientes con el objeto de que pueda funcionar y también si nos asomamos al sistema prevalidos de una cultura y pensamiento inquisitivo, vemos que nos ha impedido adecuarnos a la filosofía de las nuevas instituciones”, explicó.

Constituyente no

El ministro del Interior y la Justicia, Germán Vargas Lleras, señaló que «hay quienes promueven como único camino una Constituyente y esa es una línea que ha venido tomando cierto respaldo pero nosotros no lo creemos así. La vía para hacer esa reforma seguirá siendo un acto legislativo a presentarse en el Congreso a través de un acto legislativo».

Vargas Lleras habló de la necesidad de aprobar un proyecto que cursa en el legislativo y que elimina los impedimentos a los congresistas, para que avance la reforma judicial. “Si se aprueban impedimentos a más de 100 parlamentarios no tendríamos manera de tener quórum para adelantar el debate. Es una alternativa que algunos sectores han planteado. En nombre del Gobierno preferiría que la reforma se adelantara por la vía ordinaria que es la vía congresional”, agregó.

El titular de la Cartera de Gobierno sostuvo: “el Ejecutivo mantiene la idea de regular las tutelas contra providencias judiciales, no consideramos que asunto tan importante merezca más que una autorregulación, que se puede quebrar en cualquier momento. Garantizarle a los ciudadanos un mínimo de certeza en torno a las condiciones de tiempo, modo y lugar en que pueden impugnar una providencia judicial”.

El Procurador General de la Nación, Alejandro Ordoñez Maldonado, rechazó cualquier posibilidad de llamar a una Constituyente para buscar reformar la justicia y dijo que las modificaciones se deben lograr dentro del escenario natural que es el Congreso de la República.

En su concepto, los dos grandes problemas que tiene la rama son la congestión e impunidad, lo que llamó “el hueco negro” de la institucionalidad.

La Contralora General de la República, Sandra Morelli Rico, celebró que la reforma al servicio público de la administración de justicia que se está presentando, sea más global y estructural, que referida a la reforma de códigos y las penas.

Morelli Rico propuso el rediseño de la estructura interna del Consejo Superior de la Judicatura, así como también la creación de un Alto Consejo de Política Judicial, donde tengan asiento el Jefe del Estado, los presidentes de las Altas Cortes y el Senado con una secretaría técnica de Planeación.

Morelli subrayó la conveniencia en que las altas Cortes vuelvan a su función original, como fueron concebidas, de unificación de instancias de casación, bien sea de lo contencioso administrativo o de la jurisdicción ordinaria.

José Gregorio Hernández, ex magistrado de la Corte Constitucional, sostuvo que es necesario buscar un equilibrio en las competencias de los organismos judiciales cuando se trata de la Acción de Tutela, perdida de investidura u juzgamiento por las Altas o Cortes.

«Hay que Analizar administración de justicia dentro de unas perspectivas de seriedad, objetividad y análisis, porque los problemas están en la congestión, el formalismo en juzgados y tribunales y en la demora en los procesos que llegan a durar 14,15 y 16 años sin resolver», destacó.

Para el ex procurador General de la Nación, Jaime Bernal Cuellar, los principales inconvenientes de la justicia residen en la congestión, politización, corrupción e ineficacia de la misma. Como causas destacó la falta de recursos monetarios y humanos y el abuso del derecho penal para solucionar todos los conflictos.

Bernal Cuellar planteó como soluciones, la eliminación de las funciones administrativas de las altas Cortes, la supresión de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes y la duplicidad de competencias entre la Contraloría, Procuraduría y Fiscalía, entre otras.

En su opinión, también hay que organizar una metodología para los delitos que obedecen a organizaciones criminales multinacionales y comportamientos individuales; revisar los beneficios que se están otorgando; fortalecer la Policía Judicial y acabar con la Dirección Nacional de Estupefacientes.