El coordinador ponente del proyecto de Ley del Presupuesto General de la Nación para el 2011, senador Mauricio Lizcano Arango (partido de la U), señaló que con la aprobación de esta iniciativa en el Congreso, el Gobierno Nacional puede comenzar a poner en marcha las locomotoras del crecimiento anunciadas por el presidente Juan Manuel Santos.

El Presupuesto General de la Nación para 2011 asciende a $147,3 billones. De este total, $134,7 billones corresponde a apropiaciones financiadas con recursos de la Nación, que equivale al 91,5% del total del PGN, y $12,6 billones se financian con recursos propios, que representan el 8,5% restante.

En términos de la clasificación por objeto del gasto, el PGN se descompone así:
• $82,8 billones, el 56,2%, corresponde a gastos de funcionamiento;
• $35,7 billones, el 24,3%, corresponde a servicio de la deuda, y
• $28,7 billones, el 19,5%, corresponde a gastos de inversión.

“Del total de los rubros aprobados, cerca de dos billones de pesos, se trasladarán de amortizaciones de deuda a gastos de inversión, esto con el fin de echarle combustible a las locomotoras, lo cual, según el ministro de Hacienda, aumentará el monto de la inversión que permitiría el cumplimiento de las metas gubernamentales como construcción de viviendas nuevas, duplicar las exportaciones, financiar dobles calzadas y vías para la competitividad, entre otros”, dijo Lizcano.

Sin embargo, el coordinador ponente del proyecto, señaló que si bien el Presupuesto General cuenta con bastantes recursos, la política fiscal deberá gestionarse de manera responsable y prudente.

“Consideramos importante que la programación del presupuesto se realice con mayor responsabilidad, de manera que los gastos apropiados contribuyan efectivamente a la solución de los problemas más angustiantes de la población y se conviertan en un instrumento idóneo para enfrentar las dificultades económicas y sociales del país”, señaló Lizcano.

En materia social, en el presupuesto de inversión se asignan recursos para promover el goce efectivo de los derechos de la población desplazada y la financiación de la cobertura en salud, acatando las determinaciones de la Corte Constitucional.