La Contralora General de la República, Sandra Morelli Rico, envió una carta al Ministro de Hacienda, Juan Carlos Echeverry, expresando que «con preocupación» registra «que funcionarios de la Dirección de Apoyo Fiscal, DAF, del Ministerio a su cargo están emitiendo pronunciamientos y conceptos que aún permiten a las entidades territoriales, el trámite, aprobación y ejecución de vigencias futuras excepcionales, como es el caso del Boletín No. 21 de septiembre de 2010, emitido por la DAF».
Advierte que esa situación está «en abierta contradicción con la Circular Conjunta del pasado 8 de septiembre suscrita entre nosotros, el Señor Procurador General de la Nación y el Auditor General de la República, en la cual los jefes de las respectivas instituciones fijamos una clara posición señalando los puntos jurídicos fundamentales sobre estas operaciones:
1. No tienen sustento jurídico, pues si por mandato constitucional todo el régimen presupuestal, contable, financiero y de endeudamiento de las entidades territoriales ha de ejercerse con sujeción a la ley, mal puede entender el Estado colombiano, con nefastas consecuencia para la estabilidad financiera del país, que las circulares de la DAF pueden suplantar las leyes del Congreso de la República, y contrariar el mandato constitucional, facultando a las asambleas y concejos, para regularlas.
2. Dichas vigencias constituyen operaciones de crédito público que no han sido tramitadas de esa forma».
