Diversas y opuestas opiniones se escucharon en la audiencia pública, por parte de los jóvenes frente al proyecto que expide el Estatuto de la Juventud, entre ellas, las relacionadas con el presupuesto para llevarlo a cabo; aumento en el porcentaje de representación juvenil y políticas necesarias para desarrollar la participación integral en la toma de decisiones.

Para el senador Juan Fernando Cristo Bustos (Partido Liberal) como ponente del estatuto, lo importante es escuchar a los jóvenes y hacer un estatuto concertado y se van a tener en cuenta todas las inquietudes. «Vamos a ver hasta donde podemos llegar porque existen limitaciones presupuestales».

El Estatuto de Ciudadanía Juvenil consta de seis capítulos: disposiciones preliminares; derechos y deberes de las juventudes; políticas de juventud; sistema nacional juvenil; institucionalidad para las juventudes y disposiciones finales para un total de 114 artículos, incluida la vigencia.

Por su parte, José Dionisio Lizarazo, de la Unión Colombiana de Juventudes Demócratas, señaló que es urgente y necesario crear una comisión especializada que haga seguimiento a estos temas porque «no puede ser que la opinión pública sea la que se ocupe de estos temas y no el Congreso como órgano legislativo».

Víctor Mosquera Marín, de las juventudes del Partido Conservador, aseveró que están en desacuerdo con el proyecto porque no hace una diferenciación entre adolescencia y la juventud y mezcla el concepto de ciudadanía con juventud, denominándolo «ciudadano joven».

Nicolás López, de la Mesa Nacional de Juventudes, expuso que es una necesidad avanzar en el trámite del proyecto. «Confiamos en que este sea un gran paso para que nuestro país en el más inmediato futuro empiece a conceder a la ciudadanía juvenil las políticas necesarias para desarrollar la participación integral y que exista una debida transversalización de las políticas basada en los principios».

Daniel Rojas, de Corriente Democrática, dijo que «encontramos que el proyecto de ley es bondadoso y quiero hacer énfasis en que no nos oponemos a que la ley se inquiete en auxiliar a los jóvenes desempleados; es beneficioso, pero si nos produce desasosiego que en términos de la educación , la iniciativa no sea igualmente incisiva».

Para Mario Suescún, delegado de la Defensoría del Pueblo, es necesario que se argumente si a través de este tipo de leyes, se pueda desarrollar todo lo relativo a los derechos fundamentales de la juventud. «Considerar que un joven entre 14 y 18 años pueda acceder a la ciudadanía plena, significaría asumir consecuencias como ser sujetos penales en el marco del sistema adulto» dijo al señalar que «es inadecuado en la medida en que los menores de 18 años son personas que no han alcanzado suficiente grado de formación para participar en las acciones políticas propias de la ciudadanía».