Una organización no gubernamental denominada Justicia por Colombia presentó en Madrid, España, una demanda contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, cuyos integrantes afirman haber sido víctimas de supuesto espionaje por parte del DAS.
En rueda de prensa en la capital española, los abogados de la organización Mauricio Valiente y Francisco Pérez Esteban anunciaron que la querella judicial cobija al exdirector del DAS entre 2002 y 2006, Jorge Noguera y a un ex funcionario del mismo organismo de inteligencia, German Villalba Chávez.
Según los demandantes, el gobierno del presidente Uribe Vélez consideraba «objetivos de su ‘guerra política'» a esta ONG y a otros activistas de derechos humanos y por ello eran supuestamente espiados en Madrid y otras ciudades españolas.
El despacho de la agencia Efe recuerda que el pasado junio varias ONG colombianas y europeas instaron en Bruselas a la Eurocámara a crear una comisión especial que investigue el espionaje llevado a cabo por el DAS a defensores de derechos humanos en Europa.
Todos, entre ellos la periodista colombiana Claudia Julieta Duque, denunciaron ser víctimas de amenazas, escuchas telefónicas y persecución en suelo europeo.
Según consta en un informe de la Fiscalía colombiana sobre las actividades ilegales cometidas en 2004 y 2005 por el DAS, explicado este martes por los abogados españoles, los servicios de inteligencia colombianos espiaron en Madrid y en otras ciudades a activistas y organizaciones que apoyan la defensa de los derechos humanos «para tratar de desacreditarlos».
Señalaron que en ese informe se afirma que la persona encargada por parte del Grupo Especial de Inteligencia G-3 del DAS de realizar estas «actividades» en Europa era Villalba Chávez, enlace en Europa del «cerebro de todas las operaciones encubiertas que realizó» ese organismo en esas fechas, Jaime Fernando Ovalle.
Según la ONG, los agentes del DAS en Colombia y España «grabaron conversaciones telefónicas, interceptaron correos electrónicos, vigilaron actividades de solidaridad con Colombia, diseñaron planes para intentar neutralizarlas, y, en algunos casos, trataron de vincularlos con las acciones de los grupos armados ilegales».
«Es hora de que Uribe dé la cara y asuma su responsabilidad política y judicial», subrayó Pérez Esteban, quien añadió que el Gobierno español debe pronunciarse al respecto.
También presentaron el manifiesto «Álvaro Uribe Vélez, persona non grata. Que sea puesto a disposición de la Corte Penal Internacional (CPI)», apoyado por más de cien organizaciones nacionales e internacionales.
Le declaran «persona non grata» ante su presencia mañana en Madrid para recoger el II premio «La Puerta del Recuerdo», que le concede el Observatorio Internacional de Víctimas del Terrorismo de la Fundación Universitaria San Pablo CEU española.
Las ONG han convocado mañana una concentración frente al Casino de Madrid para expresar su «indignación» por la concesión de este galardón. A juicio de Valiente y Pérez Esteban, están probados los «vínculos» de Uribe con bandas de paramilitares y de narcotraficantes, por lo que el manifiesto aboga por que el ex presidente «sea puesto a disposición» de la CPI por crímenes contra la humanidad.