Como un acto que declara la muerte de los hospitales públicos, calificó el Secretario de Salud de Bogotá, Héctor Zambrano Rodríguez, las recientes aprobaciones de la reforma a la salud que a pupitrazo limpio van pasando en Cámara y Senado.

El titular de la cartera de salud de Bogotá indicó que temas como reducir la obligatoriedad en la contratación de un 60% a un 40% de las EPS con los hospitales y quitarle el manejo al Estado de todas las actividades de promoción y prevención para que las EPS privadas decidan cómo y con quién hacerlo es declarar los hospitales públicos como inviables y llevarlos a la quiebra.

«El Gobierno Nacional se excusa en que hay falta de accesibilidad en salud en algunas regiones del país para llevar la red pública hospitalaria al cierre o a la privatización y eso en últimas perjudicará a los usuarios y no garantizará el total acceso al derecho a la salud», expresó el funcionario.

Para la red adscrita a Bogotá, esa medida significa una reducción de más de 106 mil millones de pesos al año.

En comunicación dirigida al Ministro de la Protección Social, la Secretaría Distrital de Salud expresa su gran preocupación por el retroceso que sufrirá la salud con una reforma que pretendía sacar al sector de una profunda crisis y que por lo que se ha aprobado hasta el momento resultó peor el remedio que la enfermedad.

«Como primera medida vemos con gran preocupación como a pesar de los diferentes espacios y escenarios abiertos para la participación, la gran mayoría de propuestas realizadas por esta Secretaria, por entes territoriales, Fedemunicipios y Fededepartamentos y por otros actores en las mesas de trabajo y foros regionales, no fueron tenidas en cuenta en el articulado propuesto por los ponentes y avalado por su Despacho para el debate que se está surtiendo en estos momentos.

Por tanto, consideramos que no es viable la legitimización del proceso de análisis y discusión que tanto el Gobierno Nacional como el Congreso pretenden mostrar a la comunidad», expresa el secretario en dicha carta.

La aprobación de artículos como quitarle de un tajo a los entes territoriales la potestad para realizar las actividades de promoción y prevención tendrán un impacto importante en los indicadores de salud pública que como había pasado anteriormente cuando las EPS debían realizar estas actividades, desmejoraron notablemente, asegura la Secretaría de Salud de Bogotá.

Otro aspecto que preocupa con la reforma que hace curso en el Congreso de la República es que ahora la calificación de los hospitales se base únicamente en factores de equilibrio financiero y no en indicadores de rentabilidad social, de avances en salud pública y de mejoramiento de las condiciones de vida y salud de la población. En ese sentido ningún hospital será viable porque como es bien sabido las ESES tienen problemas de cartera y de demora en pagos por parte de las EPS y ese sería el único factor a calificar, pero para nada se exigen indicadores e salud a los prestadores privados de servicios de salud, salvo resultados y balances financieros.

La afectación no solo es económica si no también de acceso. En el país más del 50% de la población accede a los servicios de salud a través de la red pública de hospitales. En el caso de Bogotá cada año se realizan en los 170 puntos de atención de la red pública de hospitales 15 millones de atenciones al año entre urgencias, consultas médicas, labores de pyp, exámenes, cirugías y tratamientos a personas de bajos recursos. Eso evidencia la significativa importancia de la red pública en atención a la ciudadanía y como desafortunadamente esta reforma en curso va con tendencia es a acabarla.

Igualmente el hecho de que la afiliación de los actuales vinculados quede en potestad de las EPS y no en manos del Estado a través de los entes territoriales, como actualmente sucede, hará que los criterios de selección de los afiliados dejen por fuera a pacientes crónicos, con enfermedades de alto costo y con preexistencias porque primará el interés privado y no el general. Allí se denota que quedará institucionalizada una selección adversa que va en contra del derecho a la salud.

Adicionalmente la reforma posibilita el giro directo de recursos a las EPS sin tener en cuenta lo que se planteó de hacer este mismo proceso con los prestadores de servicios, en especial los hospitales públicos que padecen situaciones difíciles de liquidez.

El Secretario Distrital de Salud, puntualizó que esta reforma está lejos de ser equitativa, justa e incluyente y de resolver los profundos problemas del sector salud y se unió a la comunicación que la Federación Nacional de Departamentos envío el días pasados al Ministro de la Protección Social donde indica que «Las EPS no pueden tener ningún tipo de injerencia, decisión o determinación en la asignación de subsidios para el sector salud, la perversidad de llegar a niveles tales como el propuesto, es tanto como generar en la sociedad que el derecho sea un privilegio…».

Por lo anterior, teniendo en cuenta la gran cantidad de temas que están pendientes de reglamentación con la aprobación del articulado propuesto y que son fundamentales para el sector, tales como la política de talento humano, la política farmacéutica y de dispositivos médicos y la formulación del Estatuto de Empresas Sociales del Estado, entre otros, el Secretario de Salud de Bogotá solicitó al Ministro que «tenga realmente en cuenta la experiencia y los aportes que se realicen desde los entes territoriales y desde la comunidad científica».

«Con esta denominada reforma, el Estado cede aspectos que deben ser de su estricta competencia y responsabilidad, tales como el manejo de la salud pública, la promoción y la prevención, la asignación de subsidios y el control del gasto en salud», puntualizó Zambrano.