Los graves problemas registrados en el transporte aéreo, por los atrasos y la cancelación de vuelos podrían agudizarse, luego de romperse las negociaciones laborales entre el sindicado de Controladores Aéreos y la Aeronáutica Civil.

Los representantes de la Asociación nacional de Controladores de Vuelo se levantaron de la mesa de negociaciones tras 15 horas de diálogo, sin lograrse un acuerdo.

El director de la Aerocivil, Santiago Castro Gómez, dio por terminadas las conversaciones tras señalar que el gobierno hizo una oferta amplia y generosa a los controladores, pero estos no la aceptaron, haciendo exigencias salariales y prestacionales que desbordan la capacidad presupuestal del organismo.

El funcionario advirtió que un controlador de grado superior podría estar con salarios superiores a los 8 millones de pesos lo que está muy por encima del promedio de cualquier profesional en Colombia y añadió que cualquier ofrecimiento adicional hubiera sido injusto con los demás funcionarios de la Aeronáutica y con los colombianos.

«La negociación como tal, ya pasó, ya terminó», precisó Castro Gómez, quien subrayó que los controladores «no aceptaron la oferta final del gobierno» y por eso se rompieron las negociaciones.

Frente a las complicaciones que puedan derivarse de la terminación de las negociaciones, entre ellas un paro de los controladores, el director de Aerocivil señalo que se tiene pevisto un plan de contingencia.

“Se va a propender para que el servicio de control del tráfico aéreo se preste con normalidad, por lo que estaremos muy atentos para que sí es alterado tenga las investigaciones y sanciones correspondientes”, precisó.

PROCESOS DISCIPLINARIOS

Como lo informó oportunamente el Noticiero Santa Fe, el Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado, anunció la apertura de procesos disciplinarios contra los controladores por las dificultades que han generado en las operaciones aéreas en el país.

El jefe del Ministerio Público destacó que el ente de control “es garante de las garantías y respetuoso de los derechos fundamentales, salariales y laborales, y encontrar una solución en debida forma”, en el marco de la suscitada problemática por la llamada “operación tortuga” que vienen empleando estos funcionarios en reclamo por sus derechos laborales.

Ordóñez Maldonado afirmó al respecto que “otra cosa son los instrumentos que están utilizando, que son inaceptables instrumentos de negociación”, agregando que “en este aspecto, la institucionalidad no puede ser transigente y nosotros dentro de las competencias de las funciones hemos intervenido preventivamente, pero ahora, disciplinariamente ya se tienen los insumos necesarios para iniciar los procesos a que haya lugar”.

La Procuraduría ha venido interviniendo preventivamente desde el 2009 y ahora está creando los escenarios adecuados para que se logren resolver los temas salariales y laborales propiamente dichos.

Por otra parte, el procurador Ordóñez opinó sobre la propuesta presentada por el ministro de Trabajo, Rafael Pardo Rueda, sobre la estructuración de un beneficio económico periódico que mejore las expectativas y condiciones pensionales en el país, afirmando que “se debe enriquecer la discusión oyendo a los pensionados, a los fondos de pensiones, al Gobierno Nacional, a la Rama Judicial y a todos los interesados”.

Al respecto, el jefe del Ministerio Público aseveró que “la Procuraduría en el ejercicio de sus competencias dentro de la función preventiva está interviniendo de manera activa teniendo en cuenta el ordenamiento jurídico, los derechos adquiridos, las garantías legales, las expectativas legítimas y los aspectos financieros y económicos necesarios”.

Finalmente, agregó el procurador general que “este debate tiene una cantidad de aristas y que se debe ser muy equilibrado y ponderado pero sin sacrificar esencialmente los derechos de los pensionados”.