La oficina de derechos humanos de Naciones Unidas, repudió el viernes en un comunicado el asesinato de un líder campesino que reclamaba la restitución de una finca en el noroeste del país, de la que presuntamente fue desplazado en 1997.

Oscar Maussa, cuya edad desconocen las autoridades, es el tercer campesino asesinado por desconocidos en diferentes puntos del país. Los casos tenían en común la reclamación de tierras que les fueron arrebatadas por ilegales.

El coronel Crisanto Alvarez, comandante de la policía en el norteño departamento de Bolívar, dijo en diálogo telefónico que el «cadáver de Maussa presentaba una herida en su cráneo, causada por una piedra» y que el hallazgo de su cuerpo fue denunciado por un campesino en la estación de policía de San Juan Nepomuceno, localidad a 600 kilómetros al norte de Bogotá, donde Maussa vivía hace más de un año.

Maussa había sido desplazado por paramilitares, junto con 11 familias, de la finca «La Esperanza», propiedad de una cooperativa campesina en zona rural de Turbo, población a 490 kilómetros al noroeste de Bogotá, en el Caribe colombiano, explicó el comunicado de Naciones Unidas.

«Es urgente que el Gobierno defina e implemente una política de protección integral al proceso de restitución de tierras. La protección de las víctimas que reclaman tierras, así como de sus organizaciones, debe tener la misma prioridad que la restitución como tal», dijo Christian Salazar, representante en Colombia de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Recomendó que el Estado adopte medidas de protección para las personas y organizaciones comunitarias y de víctimas que reclaman la restitución de sus tierras.

El congreso colombiano estudia un proyecto de ley que pretende repartir dos millones de hectáreas de tierras cultivables a unas 600.000 familias que fueron desarraigadas de sus predios rurales, especialmente por los grupos paramilitares.

AP