El embajador ante la Casa Blanca, Gabriel Silva, confirmó que Colombia busca proteger la «inmunidad diplomática» del ex presidente Álvaro Uribe, citado como testigo en un caso contra la multinacional estadounidense Drummond.
«El Gobierno de Colombia como el de EE.UU. hacen parte de las convenciones internacionales que protegen la inmunidad diplomática», explicó en una rueda de prensa multitemática el embajador Silva.
«Aquellas personas que tienen inmunidad diplomática están protegidas de ser sujetas a acciones judiciales tanto en EE.UU. como en otros países», enfatizó.
Silva hizo esas declaraciones después de que La FM, una emisora radial colombiana, revelase una carta enviada el mes pasado al Departamento de Estado en la que el embajador pide que EE.UU. garantice la «inmunidad soberana» de Uribe y ayuda en contra de la citación judicial emitida al ex mandatario en Washington.
El embajador recordó que Uribe fue convocado a dar testimonio «en un proceso entre terceros» y el Gobierno de Bogotá «lo que ha hecho es ratificar que el presidente Uribe tiene la inmunidad diplomática como ex jefe de Estado y como tal no puede ser sujeto a ninguna orden judicial».
En todo caso, según observadores, corresponde al Departamento de Estado contactar al de Justicia para hacer valer la inmunidad diplomática del ex mandatario.
Uribe fue citado el mes pasado a dar testimonio bajo juramento en las oficinas en Washington de la firma legal Conrad y Scherer, que entabló una demanda contra Drummond por su presunto apoyo a grupos paramilitares.
Pero el ex mandatario colombiano no se presentó a la cita el pasado 18 de noviembre, pese a que las leyes federales exigen el cumplimiento de una solicitud judicial.
La firma de abogados ha recurrido a otra moción legal para obligar a Uribe a dar testimonio, so pena de sanciones, porque considera que éste puede aclarar sus presuntos vínculos con paramilitares implicados en asesinatos.
Pero, según lo explicado hoy por Silva, Uribe goza de inmunidad diplomática y, si EE.UU. la avala, quedaría exento de participar como testigo en el proceso judicial en cuestión.
La inmunidad diplomática, remachó Silva, aplica «a funcionarios tanto activos como ex funcionarios».
Por otra parte, Silva reiteró la postura oficial del Gobierno colombiano de que no harán comentarios sobre «ninguna filtración, chiste, o temas asociados a los (documentos revelados por) WikiLeaks, que los consideramos realmente fuera de lugar».
El Gobierno de Bogotá considera «lamentable» esas filtraciones -en las que figura Colombia-, porque «afectan la plena cooperación y solidaridad internacional», sentenció Silva.
También aprovechó el encuentro con los periodistas para destacar que el Gobierno de Colombia continuará presionando a EE.UU. por la ratificación del Tratado de Libre Comercio y la extensión de las preferencias arancelarias andinas contenidas en la ley conocida por la sigla en inglés «ATPDEA». EFE
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