El auditor general de la Nación, Iván Darío Gómez, salió a la defensa de su auditada, la contralora general, Sandra Morelli; y dijo que la decisión de ella se ajusta a la ley, y que los alcaldes sí tienen responsabilidad por la contratación en sus ciudades.

Con ello contradice al alcalde Samuel Moreno, quién manifestó que el auto de la Contraloría General “parte de suponer erradamente que el Alcalde Mayor es representante legal, ordenador del gasto o coordinador de la contratación en el IDU”.

El Auditor le dijo a El Espectador que “en virtud de las competencias constitucionales de los Alcaldes, ellos dirigen la acción administrativa de los municipios y por tal razón están vinculados de manera directa en la gestión contractual cuando son ordenadores del gasto y de manera indirecta cuando esta facultad está adscrita a otra entidad”.

Además agregó que «Las delegaciones o desconcentraciones de funciones no eximen de una eventual responsabilidad fiscal a los máximos directivos de las entidades, es preocupante que existan organismos de control fiscal que lleguen a predicar la exclusión de responsabilidad fiscal de los alcaldes como principio general, lo cual significaría la elusión generalizada de la responsabilidad patrimonial de los mandatarios y jefes de entidades».