Durante una reunión ampliada de la estrategia “Municipios y Departamentos por la Infancia, la Adolescencia y la Juventud Hechos y Derechos”, convocada por la Procuraduría General de la Nación, se evaluó la situación de los niños y niñas afectados por la ola invernal y se definieron acciones para restituir de manera prioritaria sus derechos. Se estima que de los 2’240.000 afectados hasta la fecha por la ola invernal, cerca de un millón son niños y niñas.

La reunión que se llevó ayer en la sede de la Federación Nacional de Departamentos, fue liderada por la Procuradora Delegada para la Infancia , la Adolescencia y la Familia, Ilva Myriam Hoyos Castañeda, quien conoció los informes de las entidades oficiales, entes de control y organismos de cooperación internacional involucrados en la atención a las víctimas de este desastre.

La Procuradora Delegada expresó su solidaridad con los damnificados y reconoció los esfuerzos de las autoridades con competencia en la atención de las víctimas, al tiempo que solicitó atención inmediata para reubicar a las familias que se encuentran en “cambuches” improvisados a las orillas de las vías o incluso en zonas aún anegadas, como lo pudo comprobar durante su visita a los departamentos de Atlántico y Bolívar esta semana. Igualmente manifestó la importancia de actualizar permanentemente el censo de damnificados, desagregando la información sobre las niñas, los niños, los adolescentes, las mujeres en gestación y las mujeres cabeza de familia, para orientar de manera más efectiva la atención humanitaria.

Reiteró el llamado a las autoridades, particularmente al Ministerio del Interior y Justicia, para que se agilice la distribución de las ayudas: “Hemos evidenciado que no hemos pasado aún la primera etapa del plan previsto por el Gobierno Nacional y por tanto debemos darle prioridad (…) Que haya un plan de respuesta y en lo posible se establezca un plan de contingencia especial para los casi un millón de niños afectados” , señaló.

Uno de los aspectos analizados durante la reunión, fue el de los riesgos que en materia de abuso sexual y violencia intrafamiliar se generan por las irregulares condiciones de convivencia a las que están expuestos los damnificados. El Ministerio de la Protección Social y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) anunciaron que se están adelantando esquemas de atención en salud y bienestar que incluyen aspectos de salud mental y apoyo psicosocial.

La Procuradora Delegada instó al ICBF para hacer seguimiento a las condiciones de los niños y las niñas en los albergues, liderar la reactivación del Sistema Nacional de Bienestar y contribuir con los departamentos en la tarea de levantar los “cambuches” en los que se encuentran un importante número de familias damnificadas.

En materia del derecho a la educación, se analizaron en conjunto con el Ministerio de Educación Nacional las estrategias para enfrentar las dos variables que más afectan hoy el sistema educativo: La destrucción de establecimientos por cuenta de derrumbes o inundaciones, y la actual destinación de 433 escuelas y colegios como albergues para los damnificados.

En este sentido el Ministerio del ramo anunció una serie de medidas como la flexibilización del calendario escolar de acuerdo con lo que las Secretarías de Educación de las regiones afectadas establezcan, la utilización de infraestructura no afectada en doble jornada y la destinación de recursos para rehabilitar las escuelas utilizadas como albergues, entre otras.

La Procuradora Hoyos Castañeda hizo requerimientos formales a las instituciones del Estado para definir un plan de acción concreto, y solicitó a los organismos de cooperación internacional el acompañamiento técnico y financiero a las entidades territoriales afectadas. Insistió además en la importancia de la coordinación interinstitucional en los niveles nacional, territorial y local, e invitó a realizar un acompañamiento y seguimiento constante desde la estrategia Hechos y Derechos para que se garantice la restitución de los derechos de las niñas, los niños, los adolescentes, los jóvenes y las mujeres afectados por la ola invernal.

A la reunión asistieron el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa ; el gobernador del Huila, Luis Jorge Sánchez García; el Vicecrontralor General de la República , Álvaro Navas Patrón; la Directora Ejecutiva de la Federación Nacional de Departamentos, María Teresa Forero de Saade; la Directora del ICBF, Elvira Forero Hernández; representantes de los ministerios del Interior y de Justicia, Protección Social, Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, y Educación; así como representantes de la Defensoría del Pueblo y de organismos de cooperación internacional.

El Vicecontralor General de la República cerró la jornada, expresando su intención de trabajar coordinadamente con la Procuraduría General de la Nación , que como órganos de control harán seguimiento a las instituciones del estado en su gestión para atender a los damnificados.

Igualmente señaló la importancia de la participación ciudadana y su ejercicio de control social en la veeduría de los recursos públicos. El funcionario anunció que la Contraloría abrirá espacios para informar permanentemente al país respecto del manejo de las ayudas y recursos destinados a enfrentar la emergencia invernal.