Se trata de una población que, por razones que se desconocen, decidió no atender los llamados de la Consejería para la Reintegración a reportarse y retomar el proceso de regreso a la vida civil.

Hasta finales del año pasado, esa decisión era voluntaria y alejarse de los programas no implicaba más que la pérdida de algunos beneficios económicos y académicos.

Pero ahora, tras las sentencias de las Cortes Suprema y Constitucional sobre la situación jurídica de los desmovilizados de las autodefensas, ellos tienen que presentarse de manera obligatoria.