La Registraduría Nacional del Estado Civil, a través de la Coordinación de Cobros Coactivos de la Oficina Jurídica, adelanta gestiones en contra de 27.180 personas que fueron designadas como jurados de votación y que no asistieron a cumplir con este deber legal de forzosa aceptación.

De acuerdo con el máximo organismo comicial, la revisión de las resoluciones de sanción implica analizar cada caso particular a fin de ofrecer todas las garantías procesales y recaudar el valor de la sanción que fue impuesta por los Registradores Distritales, Especiales y Municipales, facultados para imponer las respectivas multas a los ciudadanos que no prestaron su servicio de jurados sin justa causa.

Si los jurados sancionados que desatiendan el cobro persuasivo, la Coordinación de Cobros Coactivos de la Registraduría Nacional impondrá hasta medidas cautelares, como el embargo o el secuestro de bienes, a fin de lograr el efectivo recaudo de las multas, que pueden llegar hasta a 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Aunque actualmente se revisa la situación de 27.180 jurados que no asistieron el día de las elecciones, el número de posibles sancionados puede aumentar, debido a que a la fecha la Registraduría Distrital y Delegaciones Departamentales como Antioquia, Boyacá, Meta, Santander, Sucre y Norte de Santander, entre otras, aún están consolidando la información de todas las Registradurías Municipales y Especiales, la cual debe ser remitida a la Coordinación de Cobros Coactivos para la revisión de cada caso en particular.

La Registraduría Nacional del Estado Civil conoce únicamente de las sanciones a los ciudadanos particulares que no prestaron su servicio de jurados, ya que los servidores públicos que no asistieron a cumplir su función como jurados el día de la elección son sujetos a proceso disciplinario en su respectiva Entidad y pueden ser sancionados con la destitución de su cargo.