El senador Alexander López Maya le solicitó al congreso de Estados Unidos no aprobar el TLC con Colombia por los impactos negativos que el tratado tendría para Colombia.

La comisión de esa colectividad en Estados Unidos encabezada por López, agregó que “Si Estados Unidos no insiste en que Colombia debe realizar cambios políticos y legislativos significativos para hacer efectivos los derechos laborales y hacer respetar de manera real los derechos humanos, el Tratado de Libre Comercio será devastador para miles de trabajadores urbanos y comunidades rurales colombianos que hoy viven en la más absoluta informalidad y padecen constantes violaciones a sus derechos humanos fundamentales».

«El gobierno colombiano está tratando de lavar su imagen internacional con una nueva retórica y propuestas de leyes sin dientes. Nosotros teníamos la responsabilidad de alertar a la comunidad internacional que en orientación política y programas sociales, no han cambiado las cosas respecto al gobierno anterior” dijo.

Según López Maya “la reforma laboral en vez de desmantelar el inhumano modelo de contratación laboral a través de las cooperativas de trabajo asociado, para que el empresario no se vea obligado a responder por los derechos laborales de los trabajadores, lo que hace es legalizarlas y al mismo tiempo les pone más cargas financieras a los trabajadores”.

“Además fue necesario advertirle a la audiencia norteamericana, que los asesinatos de sindicalistas y la impunidad de dichos crímenes siguen, al tiempo que continúa la persecución a los trabajadores que insistan en luchar por el mejoramiento de sus condiciones. El gobierno de Juan Manuel Santos pese a su mejor imagen, no ha implementado las recomendaciones hechas por la Organización Internacional de Trabajo, tampoco atiende las sentencias de los jueces laborales que han insistido en que el contrato -realidad está por encima de los contratos laborales informales que un sector de los empleadores colombianos insiste en imponer”.

Durante su gira por los EE. UU, los integrantes de la delegación del PDA, denunciaron una alta persecución política contra esa colectividad por ser el único partido de oposición en Colombia, la cual se traduce en el asesinato de 13 miembros del partido y 50 amenazas de muerte contra sus dirigentes en el 2010 y una persecución política por parte del Estado a través del Departamento de Administración de Seguridad (DAS) que incluye chuzadas, monitoreo ilegal, sabotaje de sus labores y una campaña de desprestigio con montajes, acusando a sus miembros de vínculos con la guerrilla, infidelidades amorosas y falsos hechos de corrupción bajo un operación denominada Operación Amazonas.