Según la Misión de Observación Electoral (MOE), indicó que en 500 municipios del país persisten las amenazas electorales por parte de grupos armados ilegales.
«El ambiente electoral está enrarecido. Están matando a candidatos y se hace necesario blindar con seguridad a los aspirantes», dijo el coordinador de la MOE en el Valle, Luis Alejandro Arévalo.
De acuerdo con el Organismo, este año han sido ultimados 33 candidatos a cargos de elección popular, lo que ha disparado las alertas entre las autoridades del país.
Un estudio de la Corporación Nuevo Arco Iris concluyó que 221 municipios tienen riesgo que el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) interfieran el proceso.
Entre las vías para hacerlo mencionó acciones violentas de disputa territorial, el sabotaje directo a los comicios del 30 de octubre próximo y los ataques a autoridades públicas y candidatos en contienda.
Según la organización social, aunque la guerrilla acumula la mayor cantidad de acciones contra aspirantes, las bandas emergentes o nuevos grupos paramilitares buscan afectar también el proceso en varias regiones.
