El abogado del suspendido alcalde Samuel Moreno Rojas manifestó que el encuentro que sostuvo su defendido con Miguel Nule en la sala VIP del puente aéreo de Bogotá, fue sólo casualidad y que por lo tanto no existe veracidad en esa prueba presentada por la Fiscalía.

El jurista intentó restarle importancia a la reunión, a pesar de que en la misma se trató el tema de la cesión del contrato de la fase III de Transmilenio y se acordó el pago de una comisión de 5 mil millones de pesos para solucionar los problemas existentes.

El abogado manifestó que las casualidades suceden en muchas ocasiones y puso como ejemplo el hecho de que todos se encontraran en la audiencia.

En referencia a las pruebas presentadas por la Fiscalía, el abogado manifestó que mientras sólo se crea en falsos testimonios, será muy difícil probar la verdad de su cliente sobre la suscripción de contratos de Bogotá.

Según Mauricio Alarcón, no existen evidencias concretas en las pruebas presentadas por la Fiscalía.

El jurista presentó el testimonio del ex subdirector jurídico del IDU, Inocencio Meléndez, como prueba de que Moreno Rojas no exigió el pago de coimas para favorecer contratos en el Distrito.

De esta manera, el jurista refutó la medida de aseguramiento solicitada por la Fiscalía en contra del suspendido alcalde de Bogotá.

Samuel Moreno es un peligro para la sociedad
El fiscal Ricardo González oficializó esta mañana su petición de medida de aseguramiento en centro carcelario contra el suspendido alcalde mayor de Bogotá, Samuel Moreno Rojas, por constituir un peligro para la sociedad y además por considerar que hay el riesgo de que se fugue del país para evadir la acción de la justicia. La medida fue avalada por la Procuraduría General de la Nación, a través de su delegada en el proceso Sonia Sierra.

La solicitud la hizo el fiscal tras ratificar la responsabilidad de Moreno Rojas en el escándalo de corrupción del carrusel de la contratación. Al terminar la intervención del fiscal de mas de dos horas, el juez decretó un corto receso.

González hizo una amplia explicación para sustentar la petición de detención en un centro carcelario y tras señalar que Moreno Rojas sí constituía un peligro para la sociedad, advirtió que de dejarlo libre podría correrse el riesgo de que se fugara del país, especificamente hacia Estadso Unidos, teniendo en cuenta que es nacido allí y tiene gran facilidad para ingresar a esa nación.

Además dijo que “se hace necesaria impedir la ejecución de actos tendientes a destruir, suprimir, ocultar, cambiar o modificar elementos materiales probatorios”.

En desarrollo de la audiencia, el fiscal Gonzalez reafirmó que Samuel Moreno Rojas financió su campaña a la alcaldía de Bogotá con aportes de los contratistas favorecidos posteriormente con los contratos de la malla vial, Emilio Tapia y Julio Gómez.

El funcionario judicial recabó en las pruebas para demostrar la responsabilidad de Moreno Rojas en el escándalo de corrupción del carrusel de la contratación y pedir medida de aseguramiento en su contra.

El fiscal señaló que hubo un concierto de personas que con el beneplácito del alcalde Moreno Rojas acaparó los contratos de obras en la capital.

“Aquí se refleja que hubo una concentración de la contratación”, aseguró el funcionario, quien subrayó que este hecho tuvo como origen una retribución previamente acordada con los contratistas Emilio Tapias y Julio Gómez por el apoyo financiero que le dieron para su elección a la alcaldía mayor de Bogotá.

Basado en grabaciones y declaraciones de los protagonistas del carrusel, el fiscal González insistió en que hubo cobro y pago de “coimas”, o comisiones, del 8 por ciento por obras y el 10 por ciento por interventorías, negociadas por el abogado Álvaro Dávila con los cabecillas del Grupo Nulo, con destino a Samuel Moreno y otras personas que no especificó.

En la audiencia, que avanza a esta hora en el complejo judicial de Paloquemao, el fiscal González insistió en las evidencias encontradas y señaló que hubo un concierto de personas que con el beneplácito del alcalde Moreno Rojas acaparó los contratos de obras en la capital.
Reiteró los cargos contra Samuel Moreno Rojas por las irregularidades en que incurrió y que tuvieron como origen una retribución previamente acordada con los contratistas por el apoyo financiero que le dieron para su elección a la alcaldía mayor de Bogotá.

Basado en grabaciones y declaraciones de los protagonistas del carrusel, el fiscal González insistió en que hubo cobro y pago de “coimas”, o comisiones, del 8 por ciento por obras y el 10 por ciento por interventorías, negociadas por el abogado Álvaro Dávila con los cabecillas del Grupo Nulo, con destino a Samuel Moreno y otras personas que no especificó.