L a Procuraduría General de la Nación vinculó a 14 personas más, entre ellas dos oficiales de la Policía Nacional, al proceso por la chuzadas telefónicas y los seguimientos ilegales a magistrados de la Corte Suprema de Justicia.

Los oficiales vinculados son el Mayor Franklin Hernán Grijalba Vásquez, jefe de Seguridad de la Corte Suprema de Justicia y el Capitán Julián Leonardo Laverde Bonilla, jefe de Seguridad del Congreso de la República.

Las otras personas, que deberán responder disciplinariamente por su posible responsabilidad en las interceptaciones ilegales, son las siguientes:

– William Gabriel Romero Sánchez, subdirector de Fuentes Humanas del DAS.
– Wilson Puerto Cantor, subdirector de Fuentes Humanas del DAS.
– Hamilton Nonato Mora, detective de la Subdirección de Fuentes Humanas.
– Alfredo Erith Romero Hernández, detective asignado a la Subdirección de Fuentes Humanas.
– Martha Liliana Alarcón Carreño, detective de la Subdirección de Fuentes Humanas
– Carlos Ariel Alzate Orozco, coordinador de Reclutamiento de Fuentes Humanas.
– Alba Luz Flórez Gélvez, detective, para la época de los hechos investigados, agente de control dentro de la misión de trabajo denominada “Escalera”.
– Intendente José David García Fernández, escolta de la Corte Suprema de Justicia.
– Carlos José Rocha, agente de Policía Nacional en el esquema de seguridad de la Corte Suprema de Justicia.
– Manuel Steguer Pinzón Casallas, citador y conductor de la Corte Suprema de Justicia.
– Blanca Yanneth Maldonado López, auxiliar de servicios generales de la Corte Suprema de Justicia.
– María Lisandrina Torres Bejarano, auxiliar de servicios generales de la Corte Suprema de Justicia.

Según la Procuraduría, las conductas de estos funcionarios pueden constituir faltas disciplinarias, pues presuntamente se extralimitaron en el ejercicio de sus funciones, abusaron de sus cargos y violaron la reserva de documentos y de información, sin estar autorizados legalmente para hacerlo.

Así mismo, presumiblemente violaron derechos fundamentales protegidos constitucional y legalmente como el derecho a la intimidad, al acceder a documentos públicos reservados y a conversaciones privadas de los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, sin disponer de autorización de autoridad judicial.

Todos los 14 implicados deberán comparecer a una audiencia que se llevará a cabo el día martes primero de noviembre de 2011, a partir de las 9 de la mañana, en el Auditorio Antonio Nariño, edificio principal de la Procuraduría General de la Nación

NOTA ACLARATORIA

Radiosantafe.com se permite informar que atendiendo la petición del señor Julian Leonardo Laverde Bonilla, mencionado en la anterior noticia, hacemos pública la decisión de la Procuraduría General de la Nación con la que lo absuelve de cualquier responsabilidad disciplinaria.