El director de la Defensoría Militar, Jean Carlo Mejía Azuero, manifestó que fraudes como el de la masacre de Mapiripán, Meta, se habrían presentado en las masacres de Santo Domingo (Arauca) y Trujillo, norte del Valle.

Según el funcionario, ese organismo ha detectado que en las dos masacres las cifras se ‘inflaron’, tal como sucedió en la masacre de Mapiripán en la que el Estado realizó un pago a los representantes de las víctimas, el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, por un monto que ascendía a los $15.345.827.281.

Manifestó, además, que estas irregularidades llevan a pensar que el Estado ha sido engañado en otras reparaciones por masacres cometidas por paramilitares.

“Básicamente ahora lo que se tiene que determinar y clarificar es quienes son las verdaderas víctimas, pero este antecedente es aterrador porque van 11 sentencias contra Colombia en el sistema interamericano que quedan desde hoy, respecto a las víctimas, totalmente cuestionadas”, advirtió.

Mejía Azuero criticó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por no permitir apelación a sus fallos, ni revisión de sus sentencias, por lo que manifestó que el sistema está estructurado para condenar al Estado.

Puntualizó que en el país falta un equipo de expertos que defienda al Estado en los litigios internacionales de derechos humanos, con el fin de que se puedan detectar falsas las pruebas presentadas por abogados con ánimos lucrativos.

La masacre de Santo Domingo ocurrió el 13 de diciembre de 1998, cuando fueron asesinados 17 campesinos, entre ellos seis menores de edad y resultaron heridas cerca de 25 personas, 9 de ellas niños, por un error de la Fuerza Aérea Colombiana FAC, quienes apoyaban al Batallón de Contraguerrilla 36 en la operación “Rayo 2”.

La Masacre de Trujillo ocurrió en los municipios de Trujillo, Riofrío y Bolívar entre 1986 y 1994. En dichos hechos murieron 352 personas.