Este domingo, Colombia celebra elecciones para elegir a mandatarios regionales y departamentales, en medio de una densa atmosfera empañada por denuncias de corrupción y violencia que plantean un desafío para el libre ejercicio democrático.

Se espera que para la jornada del domingo, se espera que cerca de 30 millones de colombianos deben elegir a 32 gobernadores y 1.103 alcaldes, así como a asambleas departamentales y concejos municipales para un periodo de cuatro años.

En el panorama general del país, las elecciones de este domingo plantean un doble reto al gobierno de Santos, que deberá garantizar la seguridad en un contexto de creciente violencia, con 41 candidatos asesinados entre febrero y octubre, y la transparencia en medio de numerosas denuncias sobre infiltración de grupos ilegales en las campañas electorales en busca de controlar el poder local.

«El presidente se juega su popularidad en estos comicios. Se verá comprometida si no logra desmontar en las regiones los poderes fácticos asociados al delito», dijo a la AFP el politólogo Rubén Sánchez, catedrático en la Universidad del Rosario, de Bogotá.

«Habrá que ver a quién se elige y a quién representan los funcionarios electos, porque hay muchos nichos para que grupos de ex paramilitares, narcotraficantes o la propia guerrilla retengan el poder en las regiones, y eso entorpecería mucho los proyectos de Santos», señaló.

Esta semana, el mandatario hizo un llamado a rechazar esas influencias: «El domingo millones de colombianos escogeremos a nuestros mandatarios regionales y es el momento ideal para que a través del voto castiguemos a los corruptos y elijamos a los más probos, los más capaces y los más honestos», instó Santos.

Según la ONG colombiana Misión de Observación Electoral (MOE), estos comicios presentan importantes riesgos de influencia e infiltración de grupos violentos, que buscan acceder a los recursos económicos que reciben las regiones por las regalías petroleras y mineras o para asegurarse la tolerancia de las nuevas autoridades hacia sus actividades ilegales.

En particular, la MOE hizo un llamado urgente esta semana en relación a la situación de Medellín (noroeste), la segunda ciudad de Colombia, donde alertó sobre «la permanente presencia de actores armados en las comunas (barriadas populares)».

«Hay grupos armados en campaña, que imponen restricciones a la movilidad y al proselitismo político», dijo a la AFP Patricia Fernández, delegada e la MOE en Medellín.

A lo largo de la campaña electoral, diversos grupos han cuestionado la forma de selección de candidatos que hacen los partidos.

Los partidos políticos con personalidad jurídica están autorizados para dar avales a los candidatos. Algunos los escogen internamente según sus propias normas, por ejemplo con primarias. Pero otros pactan con otras agrupaciones y aceptan solicitudes de personajes fuertes en la región que requieren del aval.
«Hay una gran aberración en el sistema electoral colombiano, y es que los particulares buscan los avales de los partidos políticos para sus candidaturas. En la práctica, el candidato escoge al partido que le acompañará, y no al revés», señaló Sánchez.

Santa Fe con AFP