Contraloría abre juicio de responsabilidad fiscal contra directivos de Saludcoop

La Contraloría General de la República anunció hoy la apertura de un juicio de responsabilidad fiscal contra directivos de la EPS Saludcoop y buscar la restitución de los multimillonarios desviados a fines distintos a la salud y a los defraudados a través de los recobros por servicios prestados al Fondo de Solidaridad y Garantías, Fosyga.
La lista de procesados la encabeza Carlos Gustavo Palacino, quien se desempeño por muchos años como presidente de la empresa y está acusado de desviar los recursos obtenidos por la EPS hacia fines distintos, incluida la construcción de una cancha de golf.
Por el mismo caso están siendo investigados los ex ministros de Protección Social Diego Palacio Betancur y Luis Guillermo Plata.
Contra el expresidente de Saludcoop, Carlos Gustavo Palacino un fiscal de la Unidad Seccional Anticorrupción, adelanta un proceso penal por su presunta responsabilidad en delitos contra la administración pública.
Según la investigación, el representante legal y los miembros de la junta directiva realizaron inversiones específicamente prohibidas, al autorizar inversiones de dineros de la seguridad social, provenientes de las unidades de pago por capitación, por la suma de 608 mil 664 millones de pesos.
La superintendencia de Salud, tras la intervención de la EPS, ordenó restituir a su liquidez 608 mil millones de pesos que fueron invertidos en otros activos.
Como se sabe, en mayo pasado, la Superintendencia Nacional de Salud ordenó la posesión e intervención forzosa administrativa de Saludcoop Entidad Promotora de Salud del Régimen Contributivo.
La medida fue adoptada para proteger a los afiliados, proveedores y prestadores de servicios de salud de la misma entidad intervenida.
La EPS cubre los departamentos de Amazonas, Antioquia, Arauca, Atlántico, Bogotá DC, Bolívar, Boyacá, Caldas, Caquetá, Casanare, Cauca, Cesar, Córdoba, Cundinamarca, Chocó, Huila, La Guajira, Guainía, Guaviare, Magdalena, Meta, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Quindío, Risaralda, Santander, Tolima, Valle del Cauca, Vaupés y Vichada.
En esas oportunidad, la supersalud dispuso la toma de posesión de los bienes, haberes y negocios y la intervención forzosa administrativa de Saludcoop Entidad Promotora de Salud Organismo Cooperativo.
La Supersalud tomó la decisión luego de una visita de inspección realizada a la EPS entre el 14 y el 18 de marzo pasados, en la que, dijo, se hallaron situaciones administrativas y financieras relacionadas con el manejo contable y de tesorería frente al flujo de los recursos y el pago de las deudas a los Prestadores de Servicios de Salud y los proveedores, que ponen en riesgo la estabilidad de la aseguradora y la calidad y oportunidad en la prestación de los servicios de salud a 3.978.822 afiliados.
El superintendente aseguró que la información suministrada por la EPS a la Superintendencia para el año 2010, dejó en evidencia más de 8 mil cheques sin entregar girados a beneficiarios por valor de $271 mil millones, de los cuales $ 266 mil millones están relacionados con la prestación de los servicios de salud y no cuentan con los fondos para cubrir el pago de los mismos.
El giro de cheque, y su no entrega, se relaciona con prácticas de sobregiro contable que muestran una situación que no se ajusta a la realidad financiera de la EPS y no corresponde a la información reportada a la Superintendencia para la evaluación de sus indicadores financieros.
Adicionalmente, la EPS envió a la Superintendencia la información financiera oficial, con corte a 31 de diciembre de 2010, datos que difieren de la información suministrada en la visita de inspección, con especial énfasis en las cuentas por pagar a los prestadores de servicios de salud, al no reflejar la cartera con vencimiento superior a 30 días.
De otra parte, señalo que Saludcoop evidenció diferencias en cuanto al reporte de sus inversiones. “Las inversiones a diciembre de 2010, según la relación suministrada en el desarrollo de la visita, presentan una diferencia respecto del valor suministrado por la EPS en los estados financieros, cercano a los $5 mil millones, valor que debe aclararse.