Política

Reforma Judicial: Se elimina Comisión de Acusación y se fortalece fuero militar

La eliminación de la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes y de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura y el fortalecimiento del fuero militar y policial, se aprobó en la Comisión Primera de la Cámara, al pasar en tercer debate la reforma a la justicia.

Igualmente, se introdujeron cambios en la figura de la “silla vacía”, que deja sin curul a los miembros de corporaciones de elección popular (Congreso, asambleas departamentales, concejos municipales y juntas administradoras locales) cuando sean condenados por cualquier tipo de delitos, excepto los de carácter electoral.

Solo serán reemplazados los elegidos por renuncia aprobada por la respectiva corporación, por muerte o incapacidad permanente del titular y cuando “haya sido condenado por delitos contra los mecanismos de participación democrática”.

La eliminada comisión de Acusación de la Cámara, que será reemplazada por una Comisión Especial de Instrucción, integrada por 15 magistrados, la cual investigará al presidente de la República, al vicepresidente, los magistrados de todas las Cortes y del Consejo Nacional Electoral, al fiscal general de la Nación, al procurador General de la Nación, al contralor general, al defensor del pueblo y al auditor general de la Nación.

Ahora, los congresistas serán juzgados en doble instancia, una primera en la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, y la segunda en la respectiva sala de la Corte Suprema de Justicia. Las investigaciones contra los parlamentarios las adelantará la Fiscalía General y como juez de garantías actuará la Corte Constitucional.

Sobre los alcances de la reforma aprobada en la comisión y que pasa ahora a consideración de la plenaria de la Cámara, el ministro de justicia Juan Carlos Esguerra destacó que “es muy importante debido a que se va poder llevar la justicia a aquellos lugares en donde no hay jueces de la república, también podemos administrar justicia y descongestionar los diferentes despachos judiciales que tienen por lo menos 2 millones y medio de procesos represados”.

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