La Procuraduría General de la Nación destituyó e inhabilitó por 20 años para desempeñar cargos públicos al capitán Manuel Guillermo Torres Ramírez, comandante del grupo especial ‘Escorpión’ del Ejército Nacional, orgánico del batallón de Combate terrestre nro. 29 ‘Héroes del Alto Llano’, por un falso positivo en el cual fue asesinado un campesino del municipio de labranzagrande, en Boyacá.

Por el mismo caso, el Ministerio Público destituyó e inhabilitó por 12 años a los soldados profesionales Johlman Farley Cuevas Arenas y Luis Enrique Pérez Soler.

Los hechos fueron denunciados por la madre del ciudadano fallecido, quien señaló que el 25 de mayo de 2006 un grupo de militares retuvo a su hijo y posteriormente le informó que su hijo había muerto en combate.

Al respecto, el Ministerio Público estableció que los miembros del Ejército fueron los únicos que intervinieron directamente en la acción armada y se constituyen en lo autores directos de este hecho pues, como ellos lo han aceptado, dispararon contra este ciudadano.

Añadio que los uniformados incurrieron en una grave infracción al Derecho Internacional Humanitario, “con lo cual atentaron de forma directa e inequívoca con la finalidad misma de la Función Pública en cabeza del Ejército Nacional, porque bajo ningún aspecto puede permitirse que las fuerzas legalmente constituidas por el Estado para cumplir con sus fines, acudan a vías de hecho para el logro de sus propósitos.

Contra esta decisión disciplinaria procede el recurso de apelación ante la Sala Disciplinaria.