La Procuraduría General de la Nación confirmó en fallo de segunda instancia la destitución e inhabilidad general por 11 años contra la a exdirectora del IDU Liliana Pardo Gaona, e Inocencio Meléndez Julio, exdirector técnico legal.

La decisión adoptada por la Procuraduría Segunda Delegada para la Contratación Estatal señala que Meléndez, suscribió 10 contratos de prestación de servicios sin el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias por cuanto éstos fueron suscritos con diferentes personas naturales particulares por precios muy elevados y contrarios a la tabla de tarifas para el pago de honorarios a los contratistas, vigente para el IDU para la época de los hechos.

“No hay duda que cada uno de los contratos que suscribió el señor Inocencio Meléndez superó el valor máximo estipulado en la tabla de tarifas reglamentarias del IDU, el cual no superaba los $10.450.000”.

Adicionalmente, el Órgano de Control le reprochó la cesión de uno de los contratos de prestación de servicios sin citar y analizar los motivos y fundamentos que ameritaban la cesión.

De otra parte, Liliana Pardo Gaona fue sancionada disciplinariamente porque durante el periodo comprendido entre el 16 de mayo de 2007 y el 29 de mayo de 2008 no ejerció el control y la vigilancia requerida sobre las funciones delegadas al señor Inocencio Meléndez.

Frente a este cargo, la Procuraduría recordó que la Ley de Contratación establece la figura de la delegación para contratar, y advierte que si bien los jefes y los representantes legales de las entidades estatales podrán delegar total o parcialmente la competencia para celebrar contratos, “en ningún caso quedarán exonerados por virtud de la delegación de sus deberes de control y vigilancia de la actividad precontractual y contractual”.