El proyecto de reforma a la justicia fue aprobado en su primera vuelta constitucional por la plenaria de la Cámara de Representantes y seguirá su último trámite, luego de la conciliación respectiva, en marzo del próximo año.

Entre los puntos sobresalientes de la enmienda aprobada figuran la silla vacía, el fuero militar, el recorte a poderes a las altas Cortes y la creación de una Supercorte.

Este nuevo organismo juzgará a los congresistas y a los funcionarios con fuero, como son los ministros, los magistrados de las altas Cortes de Justicia y del Consejo Electoral, los generales y almirantes, los agentes diplomáticos, al Fiscal, al Procurador, al Contralor y al Defensor del Pueblo, entre otros.

La Supercorte no actuara en el caso del Presidente y el Vicepresidente de la República, quienes por violaciones a la ley serán investigados y juzgados por el Congreso bajo la figura de indignidad política.

La reforma pone fin al llamado choque de trenes entre los altos tribunales, pues se adicionó un parágrafo al artículo 13 del proyecto que determina que la Corte Constitucional será el órgano de cierre en cuanto a las tutelas.

En materia penal y civil el tribunal de cierre es la Corte Suprema, y en materia administrativa el Consejo de Estado, ahora en materia constitucional será la Corte Constitucional.

Respecto al fuero militar, el texto aprobado plantea que los delitos cometidos por efectivos de las fuerzas militares y de Policía serán tramitados por la justicia Penal Militar, sobre el argumento que son hechos ocurridos en actos del servicio.

La plenaria también aprobó la figura del habeas Juris que permite una revisión extra a todos los procesos cuando alguna de las partes considera vulnerados sus derechos fundamentales, la cual deberá resolverse en un plazo no mayor de 10 días

Así mismo, se incluyó la autorización para que se otorguen facultades judiciales a las autoridades administrativas y otros funcionarios para apoyar la descongestión judicial en el país.

Sobre la figura conocida como la silla vacía para los congresistas, se aprobó que no podrá ser reemplazado ningún miembro de una corporación pública de elección popular a partir del momento en que le sea proferida orden de captura, dentro de un proceso penal al cual se le haya vinculado formalmente, salvo por delitos políticos o culposos.

En torno a esa materia también se incluyó que «la sentencia condenatoria producirá como efecto la pérdida definitiva de la curul para el partido al que pertenezca el miembro de la Corporación Pública».

La Cámara igual aprobó las normas que ordenan establecer topes al Estado para pagar por los daños que causen la acción u omisión de las autoridades públicas y que el Senado conocerá de las acusaciones de indignidad política que formule la Cámara de Representantes contra el Presidente de la República y el Vicepresidente de la República , aunque hubieren cesado en el ejercicio de sus cargos.

Sobre las atribuciones especiales de la Cámara, se autorizó que esa corporación conocerá de la investigaciones disciplinarias de los procesos que adelante el «supertribunal» contra los funcionarios aforados no congresistas.

La plenaria también aprobó normas que tienen que ver con la reglamentación de la suspensión o pérdida de investidura de los congresistas, con la desconcentración de la justicia y el acceso pleno a ella por parte de todos los ciudadanos.

Igualmente pasó el punto de descongestión que otorga facultades especiales y temporales a notarios, abogados y funcionarios judiciales, para resolver procesos pequeños.

También fue aprobado un polémico artículo que busca que los congresistas no puedan declararse impedidos a la hora de votar ninguna de las leyes reglamentarias de la Reforma a la Justicia.