El asilo concedido por Panamá a la ex directora del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), María del Pilar Hurtado, ha sido el punto de división entre el presidente panameño Ricardo Martinelli y el vicepresidente Juan Carlos Varela.

Los dos altos cargos se responsabilizan por el otorgamiento del asilo a la ex jefe de inteligencia colombiana, en noviembre de 2010, tras las acusaciones por su responsabilidad dentro del proceso de las ‘chuzadas del DAS’.

La acción fue interpretada en Panamá como una medida de protección no tanto a Hurtado como a su jefe el expresidente Álvaro Uribe de notoria cercanía a ambos y envuelto en ese y otros casos de violaciones legales durante su mandato.

La semana pasada la justicia colombiana pidió oficialmente la extradición de Hurtado a la Cancillería panameña y su titular, Roberto Henríquez, respondió que analizaría su viabilidad en función de las normas nacionales e internacionales.

Se supone que esta semana sería clave en la toma de una decisión que aún no se ha producido, a pesar de que Henríquez, al aludir a normas internacionales, pone en dudas una decisión favorable a la extradición.

Panamá es firmante de la Convención de Caracas de 1954, la cual plantea que la extradición por delitos políticos es un recurso improcedente una vez una persona goce de asilo.

El primero que lanzó el dardo fue Varela quien dijo que la orden de asilo la había firmado Martinelli y era a él a quien correspondía revocarla, a lo cual el mandatario respondió que fue el vicepresidente quien pidió y apañó la decisión.

Se especula que el Gobierno invocará el artículo IV de la Convención de Caracas según el cual no es procedente la extradición cuando se trate de personas perseguidas por delitos comunes con fines políticos.

La protección territorial le fue concedida porque la exjefa del DAS manifestó preocupación y temor por su seguridad personal tras investigaciones en Bogotá por seguimiento ilegal a políticos opositores al gobierno de Uribe, periodistas y magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Hurtado es solicitada por la justicia colombiana también en calidad de testigo en un expediente que se le sigue a Uribe por igual delito de interceptaciones telefónicas.

Los panameñistas, hasta agosto socios del gobierno, señalan ahora que Martinelli usa el caso de Hurtado para esquivar escándalos como el de la compra a sobreprecio de radares a Italia.

El caso de la exjefa de Seguridad colombiana ha tomado fuerza en las últimas horas por la revelación de fotos en la que se ve disfrutando la vida en una discoteca panameña con orejas de conejo junto a su novio, y sin evidente preocupación por un retorno a Colombia que la lleve ante los tribunales.

Santa Fe con agencias