La Fiscal General de la Nación, Vivianne M orales Hoyos criticó duramente la posesión en la cárcel La Picota de Bogotá de los alcaldes de Moñitos y Los Córdoba, José Félix Martínez, y Bonifacio Contreras, y calificó el hecho cómo «una burla al sistema».

En el acto de empalme de 3.200 exfuncionarios del liquidado Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), Morales señaló que “Una persona desde la cárcel no puede ejercer un cargo de alcalde, es una burla al sistema decir que se diga que se posesionan cuando tienen una medida de aseguramiento y no podrán ejercer válidamente el cargo”.

La jefe del Ente Investigador, dijo que «“Es el Ministerio del Interior y el Consejo Nacional Electoral los que tendrán que decidir la situación jurídica en la que ellos se encuentran» y explicó “no puedo hacer nada más que es dictar la medida de aseguramiento y continuar con las investigaciones sobre estos funcionarios”.

Las declaraciones de la Fiscal General, se dan luego de que Gilberto Rondón, magistrado del Consejo Nacional Electoral (CNE), señalara que la posesión de alcaldes en cárceles del país no es válida ante el Organismo, y aseguró que la CNE no tiene nada que ver con las posesiones de Martínez y Contreras.

El Magistrado explicó que los burgomaestres privados de la libertad no están inhabilitados porque no hay una sentencia penal condenatoria ni un fallo sancionatorio, pero aclaró que están imposibilitados para asumir funciones públicas.
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“Lo primero que hay que aclarar es que ellos no están inhabilitados, no existe una sentencia penal condenatoria debidamente ejecutoriada en su contra y tampoco un fallo sancionatorio disciplinario que esté en firme”, dijo Rendón.

Rondón, señaló que si la justicia ordenó medidas de aseguramiento fue por considerar que estas personas son un peligro para la sociedad, y la privación de la libertad los inhabilita para ejercer una función política y social.
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Por lo tanto indicó que la posesión debe declarase nula, y los organismos de control están en la obligación de declarar la inhabilidad de Martínez y Contreras para que el gobernador de Córdoba designe alcaldes encargados.
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